La ley de transitoriedad jurídica, que JxSí y la CUP han explicado este lunes, contempla que se redacte una constitución catalana, cuya aprobación requiera una mayoría de 3/5 partes del Parlamento catalán en primera vuelta --menos de lo que se exigía para aprobar el Estatuto de autonomía--.
El texto recogido por Europa Press dice que "en la segunda votación es suficiente con la mayoría absoluta"; si tampoco se obtiene ese resultado, la asamblea constituyente --escogida en unas elecciones constituyentes para definir el redactado de la carta magna-- seguiría deliberando hasta obtener una propuesta que alcance ese consenso.
Como hay 135 diputados, el texto requería 81 votos en la primera vuelta, menos que los que se requería para aprobar el Estatut, que exigía el voto favorable de 2/3 partes del hemiciclo, es decir, 90 diputados.
Si gana el 'sí' en el referéndum previsto para el 1-O, se abrirá un proceso constituyente "democrático, de base ciudadana, participativo y vinculante" que siente las bases de una constitución.
Se haría en tres fases: proceso participativo; elecciones constituyentes y propuesta de constitución por parte de una asamblea constituyente elegida en unas elecciones constituyentes; y ratificar el texto por referéndum.
SEIS MESES DE PROCESO CONSTITUYENTE
Durante los seis meses previstos para el proceso constituyente, el Gobierno catalán crearía un consejo asesor de expertos académicos a nivel nacional e internacional y un Foro Social Constituyente, que propondría una serie de preguntas que la ciudadanía conteste a través del proceso participativo para diseñar la constitución.
Terminados los seis meses de deliberaciones, el presidente de la república disolvería el Parlamento catalán y convocaría elecciones constituyentes para formar la asamblea constituyente con el mismo número de miembros que el Parlamento --los 135 diputados--.
La ley de transitoriedad fija que la asamblea constituyente recoja lo deliberado en el proceso constituyente para redactar la constitución, con los mismos poderes y asumiendo las funciones y obligaciones del Parlamento, "incluida la elección del presidente".
"Ninguna de las decisiones de la asamblea constituyente, en ejercicio del poder constituyente, será susceptible de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal", explicita la ley, que JxSí y la CUP prevén aprobar antes del 1-O.
Si la ciudadanía ratifica la constitución en referéndum, la asamblea se disuelve y "de forma inmediata se convocan elecciones" para conformar el nuevo sistema institucional tal y como marcara esa nueva carta magna.