Así lo ha señalado durante su participación este miércoles en el ciclo de conferencias sobre "La judicialización de la vida política", organizado por la Fundación Ankaria con la colaboración del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Ha insistido en que algunas de las tareas pendientes de esta reforma del proceso penal incluye la creación de una Policía Judicial adscrita orgánica y funcionalmente a jueces y fiscales o la redacción de un estatuto procesal del investigado/imputado. También considera que debería ponerse punto y final a las filtraciones y terminar con las dilaciones indebidas en el curso y resolución del proceso.
Otros aspectos manifiestamente mejorables aludirían, a su modo de ver, a los instrumentos de mediación, lo que implicaría la elaboración de "un realista y justo estatuto de la mediación", la reducción del valor de la instrucción en favor del plenario y la vista, la creación de una doble instancia real y efectiva, una casación con funciones de tal o la ejecución de las sentencias, "verdadero agujero negro de cualquier proceso en nuestras jurisdicciones".
REFORMA INTEGRAL DE LAS PLANTILLAS
No obstante, Torres-Dulce cree que previamente a esta reforma del proceso penal debería acometerse la modificación de la Demarcación y Planta de la Jurisdicción Penal, a la que consideró "obsoleta en su totalidad". Esta reforma pasaría, a su juicio, por analizar las realidades y necesidades de las plantillas de jueces y fiscales y de sus cuerpos auxiliares, e implicaría una dotación presupuestaria acorde.
Asimismo, considera necesaria la adopción de un Plan Integral de Tecnología, "gravemente aquejado por la fragmentación de transferencias autonómicas y de amateurismos en sus concepciones y desarrollos", y la realización de un estudio previo de campo "que nos ofrezca la radiografía real de cómo se comportan los diversos procesos penales en tiempo , resultados , deficiencias y aciertos".
Para el exfiscal general, algunos de los "vicios" que viene ofreciendo el Código Penal, tienen que ver con "redacciones farragosas y confusas de preceptos y tipos penales, escasa proporcionalidad a la hora de configurar desvalores de conducta y resultados, bienes jurídicos protegidos y penas, reglamentarismo, excesiva proliferación de tipos en blanco y la consiguiente administrativización de algunos tipos penales".