Unidos Podemos y PSOE piden que el Tribunal de Cuentas examine la asignación del IRPF para la Iglesia Católica

Unidos Podemos y PSOE han registrado, este miércoles en el Congreso de los Diputados sendas peticiones por las que piden un informe al Tribunal de Cuentas sobre la asignación del 0,7 por ciento del IRPF a la Igelsia Católica.

Las formaciones buscan que, a través de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, se encomiende al organismo a incluir a la Iglesia dentro de su Programa de Fiscalización para el año 2017. En el caso de los socialistas, se exige, además, que el documento incluya los datos de los dos últimos ejercicios liquidados.

"HASTA EL ÚLTIMO EURO"

El portavoz de la formación morada en la comisión, Segundo González, ha defendido que "todas las instituciones que reciben financiación pública" deben ser sometidas a una fiscalización "rigurosa" con el fin de que la ciudadanía "conozca a qué se destina hasta el último euro".

Su homólogo del PSOE, Antonio Hurtado, ha recordado que la Iglesia suma, a través de lo recaudado con la casilla de la Declaración de la Renta, más de 1.240 millones entre 2010 y 2015. Por ello, ha solicitado que se lleve a cabo un "informe anual" para que "todo esté perfectamente controlado y auditado".

Por su parte, el portavoz de la Gestora socialista, Mario Jiménez, ha defendido desde Sevilla que la Iglesia católica y la Conferencia Episcopal deben "incorporarse al esfuerzo de transparencia que se está asumiendo por el conjunto de administraciones públicas y de todos los organismos que tienen fondos públicos", y al que también se han incorporado recientemente actores como la Casa Real o el Consejo General del Poder Judicial.

UNA "DEMANDA SOCIAL"

Estas propuestas llegan después de que cinco consejeros del Tribunal de Cuentas, propuestos por el PSOE, hayan reclamado que se lleve a cabo esta fiscalización a través de dos votos particulares presentados al Programa de Fiscalización para 2017.

"El Tribunal de Cuentas está obligado a dar respuesta a esta demanda social (de transparencia) y contribuir a incrementar la transparencia en la gestión de un volumen tan relevante de fondos públicos", apuntan los consejeros firmantes, que señalan también la "multiplicidad y dispersión" de las fuentes de financiación pública de la Iglesia Católica. El pleno del organismo --compuesto por doce consejeros más el fiscal--, aprobó el Programa de Fiscalización el pasado 22 de diciembre y no incluyó esta iniciativa.

CRÍTICAS A LA POLITIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Además, los partidos se han mostrado críticos por la politización del Tribunal de Cuentas. Para Podemos, "es incomprensible" que consejeros afines al PP y al PSOE obstaculicen la publicación de informes sobre determinadas cuestiones".

También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha mostrado su "preocupación" ante los medios en el Congreso por que el Tribunal de cuentas reproduzca "el debate entre rojos y azules" y ha exigido abrir un debate sobre "cómo designar en el futuro a los miembros del organismo". "No podemos reproducir el Parlamento en el Tribunal de Cuentas, que es lo que esta sucediendo", ha denunciado el presidente del formación naranja.

Preguntado por su posición sobre la necesidad de fiscalizar los fondos que recibe la Iglesia, Rivera ha señalado que es "razonable" que se pueda fiscalizar "a todas las entidades que reciben dinero de la Declaración de Renta".

LA IGLESIA NO VE INCONVENIENTE

Por su parte, el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha explicado que la Iglesia ya rinde cuentas sobre el dinero que recibe del IRPF mediante la memoria anual que presenta ante la Dirección General de Relaciones con las Confesiones, pese a lo que no ha mostrado inconveniente en "informar más y en otro sitio".

Según ha explicado Giménez Barriocanal, la institución "siempre ha estado a favor de cumplir la ley y ha hecho todo lo que se le ha pedido en materia de transparencia y fiscalización". En este sentido, ha recordado que a partir de 2007 se acordó con el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero la presentación en la Dirección General de Relaciones con las Confesiones de una memoria anual.

"Entregamos más de 500 folios auditados por una auditoría internacional de prestigio donde explicamos a qué se destina ese dinero y cuál es el servicio que se presta a la sociedad", ha indicado Barriocanal.