Los alarmantes fallos en los controles en el presunto pelotazo de la adjudicación de viviendas públicas de Alicante
En Alicante, el presunto pelotazo en la adjudicación de viviendas públicas tiene ya 15 investigados.
El funcionario que tenía que revisar los expedientes está también investigado
En Alicante, el presunto pelotazo en la adjudicación de viviendas públicas tiene ya 15 investigados. Entre los beneficiarios de tan codiciadas viviendas hay una exconcejal de Urbanismo, la ex jefa del servicio de contratación del Ayuntamiento, un arquitecto municipal y la mujer del funcionario que tenía que validar a todos los candidatos.
La realidad es que los controles reales de la Administración son prácticamente inexistentes, porque no hay capacidad para investigar de verdad los datos de las personas que optan a estas promociones. En este caso era la única promoción de vivienda pública en Alicante en 25 años, pero, de iniciativa privada. De hecho, es una cooperativa de promoción privada la que compra el terreno al Ayuntamiento y hace la obra, y argumenta que fue inscribiendo a los socios por estricto orden de llegada.
Las falsedades para obtener la vivienda, sonrojan
En Alicante, hay 5.400 personas inscritas en la bolsa de vivienda pública, pero al ser una promoción de iniciativa privada, no se tuvieron en cuenta los criterios de necesidad o vulnerabilidad. Entre las condiciones bastaba con que el peticionario no tenga otra vivienda, no ganar en todo el núcleo familiar más de 54.000 euros y que esta casa sea vivienda de primera ocupación.
Lo que han hecho en este caso solicitantes ha sido falsear los datos de ingreso, mentir sobre si está o no casados o incluso residir en realidad en el extranjero aunque está empadronado en Alicante solo para obtener la concesión de una vivienda.
De hecho, 46 de las 140 viviendas no tienen a nadie empadronado en ellas y seis viviendas están ya en alquiler o usadas por terceros. En 22 de las viviendas adjudicadas están mal los datos porque se ha ocultado a algún cónyuge y hay cinco jóvenes de una misma familia que han accedido a una vivienda y que cuando se abrió el plazo en 2018 tendrían entre 18 y 19 años.
La realidad es que debería haber un control de la Administración, pese a todo. Pero no hay ni herramientas ni normativa.
Pero en este caso, todo es aún peor, porque el funcionario que tenía que revisar los expedientes, el que tenía que revisar todo esto desde la Generalitat, está también investigado porque ahí tenía un piso su mujer.