Los demoledores autos de la juez de la DANA: "Se pudieron haber salvado vidas, las víctimas desconocían el riesgo"

La investigación de la jueza de Catarroja sobre la gestión de la DANA se centra en identificar a los responsables de tantas muertes y si se podían haber evitado. Ha tomado declaración a más de 350 personas y dos han sido imputadas: La exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, y su número 2, el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

En sus autos la jueza define su actuación ese día como de "manifiesta pasividad" y "grosera negligencia".

Sobre el aviso que se envió a los móviles de los valencianos dijo que fue: "erróneo y tardío" y añade: "las víctimas desconocían que corrían un altísimo riesgo por usar su coche, bajar al garaje, estar en la vía pública o incluso por el simple hecho de permanecer en su domicilio en planta baja. Víctimas que perecieron de forma terrible". Y concluye que "no se podían evitar los daños", pero “las muertes sí”.

La jueza reprocha que ex número 2 de Pradas quiera desplazar su responsabilidad

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la dana del 29 de octubre de 2024 ha criticado también el "desplazamiento de la responsabilidad que se ha efectuado en todas las direcciones o niveles" por el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, investigado en esta causa junto a su entonces superiora, la exconsellera Salomé Pradas.

Así lo señalaba en un auto fechado este lunes en el que rechaza la petición del abogado de Argüeso de investigar si el director general de Medio Natural de la Generalitat, Luis Gomis, ofreció el día de la dana a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE) agentes medioambientales para el seguimiento de los caudales en zonas inundables.

"En el fondo, lo que late es la atribución de una falta de diligencia" que el investigado, también director de la AVSRE, atribuye a ese director general, sostiene la jueza, ya que el abogado de Argüeso lamenta que Gomis "no tuviera la diligencia" el día de la DANA de contactar directamente con él para hacerle ese ofrecimiento.

Según la jueza, el "desplazamiento de la responsabilidad" de Argüeso "en todas las direcciones o niveles (agencias estatales Aemet, Confederación Hidrográfica del Júcar, Delegación del Gobierno, falta de comunicación de los técnicos y cargos de la Conselleria, respecto de los cuales se llegó a solicitar su declaración como investigado, y un largo etcétera), se extiende ahora a un órgano de otra Conselleria".

"Y no es concorde con la exigencia que predica respecto de sí mismo", añade la instructora, que asevera: "El problema" es que el secretario autonómico de Emergencias era Argüeso, no Gomis, y quien estaba al lado de la entonces consellera de Interior e investigada en esta causa, Salomé Pradas, "mientras escribía 'rambla Pollo' (sic), bomberos forestales", era Argüeso y no Gomis.

Quien oía las explicaciones y quien ostentaba la dirección del plan el 28 de octubre de 2024, en situación de preemergencia, e incluso el día 29 de octubre, en situaciones 0 y 1 de emergencia, era el secretario autonómico, no el director general de Medio Natural y Animal, asevera la magistrada.

A partir de estas consideraciones, señala Nuria Ruiz Tobarra, lo remitido por la dirección general de Medio Natural y Animal "se muestra como una prueba clara de la recepción de dicha comunicación telemática por la AVSRE. Si no se atendió a dicha comunicación telemática es una cuestión bien distinta".

La instructora señala que la remisión a través del Registro Departamental, que es "el medio oficial de comunicación entre órganos y unidades de la Generalitat", hace innecesaria la prueba solicitada por Argüeso de un informe sobre la trazabilidad de esa comunicación o qué persona la recibió, dado que "no consta ni existen indicios de fallo técnico alguno".

La jueza también ha acordado solicitar a Les Corts Valencianes el listado de llamadas del president de la Generalitat, Carlos Mazón, del día de la tragedia.

Esta solicitud se produce antes de la testifical, el próximo 3 de noviembre, de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón ese día, y se justifica por la instructora en que "el listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público" tras haber sido enviado a Les Corts, según han informado este lunes fuentes judiciales.

La jueza también requiere nuevamente a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) para que diga si existen otras grabaciones del día de la dana y reclama otra vez a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias que remita los vídeos originales correspondientes a las grabaciones ya aportadas.

Asimismo, ordena a una empresa de teleasistencia que conserve las grabaciones de llamadas y comunicaciones con fallecidos por la dana que eran usuarios del servicio de teleasistencia y remita al órgano judicial para incorporar a la investigación, previo consentimiento de sus familiares, las relativas a seis víctimas mortales.

Las llamadas de Mazón

Sobre las llamadas de Mazón, la instructora afirma que, en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día de la dana, "y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio" de las llamadas que pudieron cruzarse la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en esta causa, y el president.

La jueza señala que el auto de la semana pasada en el que la Audiencia Provincial de Valencia acordaba la declaración como testigo de Vilaplana se señalaba que el president ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat y tiene atribuidas funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell.

"Resulta igualmente preciso determinar y cuadrar los posibles comentarios que pudiera haber efectuado el president sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban, y por qué se actuó del modo en que se hizo, tal y como expresaba el referido auto de la Audiencia Provincial, con el concreto momento en que se produjeron", indica.

En otra resolución, deniega la solicitud de diligencias de una acusación particular que pretendía requerir a las administraciones central y autonómica documentación sobre zonas inundables de la provincia de Valencia, porque "lo decisivo" no es determinar la existencia de zonas inundables, sino "que dicho conocimiento se posea por los competentes en la evitación de los fallecimientos".

"Lo determinante era el conocimiento del riesgo por inundación, saber la geografía de los barrancos, por donde discurrían, su denominación", afirma la jueza, que señala que el objeto de este procedimiento es "la conexión entre la pasividad, el retraso manifiesto y de forma errónea en el aviso a la población, y la pérdida de las 229 vidas".

Finalmente, una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia establece que no ha lugar a suspender las declaraciones testificales del próximo 3 de noviembre y el 20 de enero de 2026, dada la complejidad de la causa, en la que figuran 184 acusaciones particulares y 13 acusaciones populares personadas.

La coordinadora del 112 admite que a las 18:35 ya se estudiaba el envío del Es-Alert

La jefa del servicio de coordinación del 112 de la Comunitat Valenciana también ha declarado ante la jueza que instruye la causa sobre la DANA que a las 18:35 horas del 29 de octubre el servicio de Emergencias de la Generalitat ya estudiaba la posibilidad del envío de un mensaje masivo a la población (el Es-Alert), que no llegó hasta las 20:11 horas.

Según la testigo, el jefe de la unidad de análisis de Emergencias envió un correo a la sala del 112 con una propuesta de redacción de ese mensaje y ella, "en paralelo" y en privado, comentó esa posibilidad con una responsable de Protección Civil de la Delegación del Gobierno que le indicó que era "necesario" ese envío, por lo que decidió elevar la propuesta al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, quien le respondió que ya lo estaban "gestionando". El jefe de la unidad de Análisis de Emergencias planteó a la sala del 112 el referido envío con una propuesta de redacción.

Esto sucedió, según ha declarado esta trabajadora de Emergencias de la Generalitat, a las 18:35 horas del 29 de octubre, según ha podido saber EFE de fuentes judiciales.

La conversación con la responsable de Protección Civil (Delegación del Gobierno) fue privada, según ha explicado esta testigo, quien ha confirmado posteriormente, a preguntas de las acusaciones, que aquella no tenía ningún dato sobre la emergencia que no tuviese ya el Cecopi. Ha explicado también que la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, tuvo dudas sobre la posibilidad legal de establecer un confinamiento de la población tras la experiencia de la pandemia de covid.

Preguntada sobre el motivo por el cual se obvió, desde Emergencias, el ofrecimiento de agentes medioambientales -desde la Conselleria de Medio Ambiente- para la vigilancia de los cauces, esta testigo ha señalado que ese ofrecimiento llegó a través de lo que se conoce como "registro departamental" y que no fue descargado por el personal de Emergencias hasta el día siguiente, 30 de octubre.

Ha explicado también que desde la sala del 112 se observaba ya al mediodía del 29 de octubre llamadas e incidentes en municipios donde no llovía, por lo que ella y sus compañeros dedujeron que los problemas venían de "aguas arriba".

Sobre las diferencias con la reciente DANA Alice, la jefa de coordinación del 112 ha explicado que una de las principales diferencias entre la dana de octubre de 2024 y esta última ha sido la antelación de los avisos.

En 2024 no hubo esa información previa, ha añadido esta testigo, pues los avisos dos días antes eran genéricos y el día 28 se fueron a dormir con avisos amarillos. Según su declaración, era muy difícil saber lo que iba a pasar, se trabajaba con fenómenos observados y por detrás en todo momento.

A preguntas de la defensa de la exconsellera, esta testigo ha explicado que hubiese esperado un aviso especial desde la Confederación Hidrográfica del Júcar en caso de detectar alguna situación de peligro.

Ha señalado que cree que la CHJ tiene "parte de responsabilidad" por ello y que no escuchó al presidente de este organismo, Miguel Polo, decir nada sobre la rambla del Poyo, a pesar de que estaba participando en el Cecopi de forma telemática.