¿Cómo se corrompe un concurso público? Los expertos nos lo cuentan
La corrupción en los contratos públicos en España es mínima o apenas se denuncia, según los expertos
Algunas administraciones públicas subcontratan incluso la redacción de las licitaciones
La trama de corrupción de adjudicaciones públicas de algunos dirigentes del PSOE ocupa buena parte de la información de las últimas jornadas. En 'Noticias Cuatro' hemos intentado explicar de forma muy sencilla cómo funcionan los agujeros del sistema, cómo se pueden hacer trampas en los concursos públicos y cómo no.
Silvia Diez, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, y Javier Vázquez, abogado experto en Derecho Administrativo, han explicado estos trucos a 'Noticias Cuatro'.
Los contratos públicos deben publicarse por ley en España
Para empezar, las trampas en licitaciones son mínimas: en 2024 se licitaron más de 206.210 expedientes entre ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado, alcanzando los 113.091 millones de euros, más IVA; sin embargo, las denuncias no llegaron ni al 1%.
En España todos los contratos públicos, por ley, deben publicarse en una web del Estado: www.contrataciondelestado.es.
La primera sorpresa: muchas administraciones ni siquiera redactan sus propias licitaciones. No tienen capacidad técnica o jurídica, así que externalizan ese trabajo. Contratan a despachos de abogados o consultoras para que escriban los pliegos. Es algo que ya no controlas, como nos señala Silvia Diez.
Además, existen los contratos menores, que permiten adjudicaciones directas sin concurso público por debajo de los 40.000 €. Silvia Diez Sastre, directora del Máster de Contratación Pública, lo explica así: “El umbral de los 40.000 € existe porque si necesitas, por ejemplo, una obra puntual en una calle y tienes que reaccionar rápido sin realizar una mesa de contratación al uso porque tardarías mucho tiempo. Pero también puede usarse para evitar la competencia.”
Otra trampa habitual: añadir requisitos difíciles de cumplir que benefician a una empresa concreta. Como señala Javier Vázquez. O peor: incluir criterios subjetivos en más del 50% de la evaluación. Además, otros muchos más temas, como lo que esconden las UTES.