Un tribunal de Bahréin condena a tres años de cárcel a cuatro mujeres por "esconder a fugitivos"

El Instituto de Bahréin por los Derechos y la Democracia (BIRD) ha condenado firmemente el fallo, resaltando que se ha fundamentado en "cargos motivados políticamente", al tiempo que ha expresado su preocupación por el patrón de "torturas y abusos sexuales" contra mujeres activistas.

"Los actos contra mujeres activistas parece ser la última táctica utilizada por las autoridades bahreiníes en su represión contra sus propios civiles", ha denunciado Megha Ramesh, asociada para Investigación del BIRD.

"Las torturas, abusos sexuales y condenas ilegales contra mujeres se han convertido en una tendencia preocupante", ha agregado, según un comunicado publicado por la organización en su página web.

El BIRD ha señalado que sus investigaciones revelan la existencia de un patrón de cargos inventados, confesiones forzadas y detenciones arbitrarias en el país, en línea con lo expresado por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El fallo ha llegado apenas unas horas después de que el destacado activista bahreiní Nabil Rayab, presidente del Centro de Bahréin por los Derechos Humanos (BCHR), por sus críticas al Gobierno a través de la red social Twitter.

Un tribunal del país ratificó en enero la condena a dos años de cárcel contra Rayab por "difundir noticias falsas y rumores" en varias entrevistas televisivas que concedió entre 2014 y 2016.

Rayab es uno de los activistas más conocidos en el mundo árabe y fue uno de los principales símbolos de las protestas en 2011 a favor la democratización del país, liderada por la mayoría chií y que contó con la participación de sectores liberales de la comunidad suní.

El país atraviesa un momento de gran tensión, en medio del aumento de la represión contra la oposición por parte de las autoridades, entre ellas la suspensión de partidos opositores y la condena contra líderes de la oposición y activistas.

Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de cien personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.