La ONU acusa a México de torturas y encubrimiento en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Así figura en un informe publicado este jueves, tres días después de que las fuerzas de seguridad mexicanas detuviesen a un supuesto narcotraficante al que han descrito como una pieza clave en el secuestro y asesinato de los 43 jóvenes que desaparecieron en Iguala. El caso se ha convertido en uno de los principales símbolos de quienes denuncian la impunidad con la que siguen operando ciertos grupos criminales en México.

'Doble injusticia - Informe sobre violaciones de Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa' no entra a especular sobre la autoría de la desaparición forzada de los estudiantes, sino que examina las actuaciones de las autoridades en relación a 63 de las 129 personas imputadas por su posible relación con esta masacre.

Tras revisar los expedientes judiciales, las fichas médicas --"que revelan numerosas lesiones-- y las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, la oficina del Alto Comisionado ha dicho contar con "fuertes elementos de convicción" que acreditarían que al menos 34 de estos sospechosos fueron objeto de torturas.

Así, los investigadores han detectado "un modus operandi prácticamente uniforme" en la manera en que las personas "habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones", así como en los "significativos" retrasos en la presentación de los sospechosos ante la Fiscalía. Estos extremos, añaden, dejaron a los arrestados "fuera de la protección de la ley".

Para explicar las lesiones, las autoridades ofrecieron "justificaciones no plausibles y contradictorias" y aludieron a "autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas", según el informe, que vincula estas heridas con unas declaraciones autoinculpatorias que la versión oficial describe como "libres y espontáneas".

PUNTO DE INFLEXIÓN

Los casos documentados de violaciones de Derechos Humanos ocurrieron a partir del 5 de octubre de 2014, fecha en la que la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de una investigación que, hasta entonces, había llevado la Fiscalía del estado de Guerrero. Además de la PGR, los arrestos corresponden a la Policía Federal y la Secretaría de Marina.

El informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recomienda que todas las pruebas sobre las que se cierna la sombra de una posible tortura se excluyan o sean declaradas nulas, tal como establece no solo el Derecho Internacional, sino también la Ley General sobre Tortura que está vigente en México.

La oficina que dirige Zeid Raad al Hussein también ha instado a la PGR a investigar "en un plazo razonable" los hechos denunciados e "identificar a los responsables". En este sentido, ha señalado que pese a un primer intento de este órgano por analizar algunos casos, este quedó "frustrado" por el reemplazo de los funcionarios responsables.

"Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa", ha subrayado Zeid, que ha denunciado tanto la violación de los derechos de los sospechosos como del "derecho a la justicia y la verdad de las víctimas (...), sus familiares y la sociedad en su conjunto".

UNA PRUEBA PARA MÉXICO

El informe exhorta al Gobierno federal de México, al Congreso y a la Fiscalía a tomar medidas para garantizar al rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley. Además, propone la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad.

Zeid ha subrayado que "el caso Ayotzinapa pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de Derechos Humanos". "Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de Derechos Humanos perpetradas durante la investigación", ha remachado.