El Gobierno de Santos y el ELN resucitan el diálogo de paz

Las cosas se precipitaron la semana pasada, a raíz del triunfo del 'no' en el referéndum celebrado el 2 de octubre para que los colombianos se pronunciaran sobre el acuerdo de paz alcanzado con la primera guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La necesidad de renegociar lo firmado con las FARC habría llevado al Gobierno a forzar la instalación de la mesa de conversaciones con el ELN --segunda guerrilla colombiana-- para, tal y como pretendía el presidente, Juan Manuel Santos, desde un principio, llevar a cabo dos procesos paralelos con el fin de lograr "una paz completa".

"Llamamos a la sociedad colombiana a continuar buscando una salida negociada al conflicto armado", dijo la delegación de paz del ELN a través de su cuenta oficial en Twitter, tras conocer "los resultados adversos para los acuerdos de La Habana".

El Gobierno reclamó entonces al ELN que prorrogara la tregua unilateral declarada con motivo del plebiscito y liberara a todos los secuestrados que aún tiene en su poder --que la Casa de Nariño cifra en unos cuatro-- como "gesto" de buena voluntad.

En respuesta, la guerrilla ha liberado en las últimas semanas a dos rehenes, gracias a la mediación del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR). Se trata de José Ulloque Beleño, un agricultor secuestrado el 24 de julio y liberado el 26 de septiembre, y Fabio León Ardila, un líder comunitario capturado el 30 de junio y entregado el pasado viernes.

"Es una buena noticia", dijo Santos desde la Casa de Nariño. La liberación de los rehenes "era una de las condiciones para pasar a la fase pública de negociación con el ELN. Yo creo que estamos muy cerca", reveló el jefe de Estado.

El 30 de marzo las partes anunciaron desde Caracas que habían decidido instalar "una mesa de negociaciones pública" y permanente en Ecuador, aunque las conversaciones "directas e ininterrumpidas entre el Gobierno y el ELN" se celebrarían tanto allí como en Venezuela, Brasil, Cuba y Chile.

Las sesiones debían haber empezado en mayo en Quito, pero se retrasaron 'sine die' por la negativa del ELN a renunciar al secuestro y liberar a todos los rehenes y, según la guerrilla, por el persistente bloqueo del Gobierno.

Desde Ecuador, el ministro de Exteriores, Guillaume Long, había expresado estos días su confianza en que "pronto habrá noticias muy importantes, positivas, sobre la organización de la primera mesa de diálogo con el ELN en Quito". "Estamos seguros", dijo.

La "fase pública" del diálogo entre el Ejecutivo y el grupo armado pone fin a dos años de "diálogos exploratorios y confidenciales" que han transcurrido entre el 24 de enero de 2014 y el 30 de marzo de 2016 entre Venezuela, Ecuador y Brasil.

NUEVO PROCESO DE PAZ

El proceso de paz con el ELN tendrá un formato muy parecido al desarrollado con las FARC en La Habana durante los últimos cuatro años. Contará con una sede internacional, que en este caso se irá rotando, y habrá unos países garantes --Venezuela, Ecuador, Brasil y Noruega-- y otros acompañantes --Cuba y Chile--.

En esta mesa los interlocutores, diez por cada parte como máximo, "ejecutarán con la mayor celeridad y rigurosidad" una agenda de paz de seis puntos: participación de la sociedad, democracia, transformaciones, víctimas, fin del conflicto e implementación.

En el primer punto --participación de la sociedad-- las partes buscarán la implicación de los colombianos en "la construcción de la paz" a través de iniciativas y propuestas como parte de "un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita elaborar una visión común de la paz que propicie las transformaciones necesarias".

Con la "democracia para la paz", Gobierno y ELN desarrollarán "un debate" sobre las soluciones propuestas por la sociedad para "los problemas que afectan a su realidad" y "el tratamiento de los conflictos", lo que derivará en "un marco normativo" con "garantías para la manifestación pública".

En el punto sobre las "transformaciones para la paz", acordarán "un programa transformador para superar la pobreza y la contaminación ambiental", además de "planes alternativos integrales con un enfoque territorial" para las comunidades excluidas.

En el cuarto punto, las partes intentarán "poner en el centro" a las víctimas de la guerra colombiana mediante el reconocimiento, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. "El conjunto de estos elementos fundamenta el perdón y proyecta la reconciliación nacional", ha indicado Frank Pearl, jefe negociador del Gobierno para el ELN.

"En el fin del conflicto armado (quinto punto) el objetivo es erradicar la violencia", ha explicado. Se trata de pactar "un alto el fuego bilateral" y "propiciar el tránsito del ELN a la política legal". También incluye "esclarecer el fenómeno del paramilitarismo".

Por último, la Casa de Nariño y la insurgencia diseñarán "un plan general de ejecución" de lo pactado, que se basará en lo acordado en esta materia en los demás puntos de la agenda de paz, y establecerán "mecanismos de control, seguimiento y verificación con participación de la sociedad y de la comunidad internacional".

MESAS PARALELAS

La agenda de paz guarda también paralelismo con la acordada en su momento por el Gobierno y las FARC, aunque carece de algunas cuestiones, como la justicia transicional, que las autoridades colombianas pretenden extender a cualquier acuerdo con grupos armados ilegales.

La intención de Santos era hacer confluir los dos procesos de paz para acabar cuanto antes con la guerra más longeva del hemisferio occidental, pero las guerrillas, si bien han admitido que puede haber puntos de conexión, han rechazado sentarse a la misma mesa de negociaciones.

FARC y ELN coinciden en que llegado este momento histórico es necesario buscar una paz negociada, pero difieren en las demandas al Estado colombiano, insistiendo que, aunque el enemigo es el mismo, sus motivaciones son distintas.

Este es el quinto intento del Gobierno colombiano de firmar la paz con el ELN. Ya lo intentaron Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998) y Álvaro Uribe (2002-2010), pero hasta ahora la guerrilla, con unos 2.000 combatientes, se ha resistido a deponer las armas.