Amnistía Internacional acusa a Irán de destruir fosas comunes asociadas a las masacres de presos de 1988

Amnistía ha elaborado un informe junto a Justicia para Irán en el que, con imágenes de satélite, fotografías y vídeos pretende demostrar que las autoridades están arrojando residuos o construyendo edificios y carreteras donde podría haber personas enterradas. Los hechos documentados corresponden al periodo entre 2003 y 2017.

Estos trabajos, ha advertido, "están destruyendo pruebas clave que podrían ser usadas para averiguar la verdad sobre la magnitud de los delitos y obtener justicia e indemnizaciones para las víctimas y sus familias", según un comunicado en el que se atribuyen las decisiones a las principales instancias de seguridad, justicia e Inteligencia.

El director ejecutivo de Justicia para Irán, Shadi Sadr, ha pedido que se considere estas zonas "escenas del crimen" y, por tanto, ha reclamado para ellas protección "hasta que se lleven a cabo investigaciones forenses apropiadas e independientes", de tal forma que se pueda verificar la identidad de los restos y las "circunstancias" en que estas personas perdieron la vida.

A día de hoy ni siquiera se sabe cuántos presos fallecieron ejecutados en 1988, si bien las estimaciones más conservadoras sitúan la cifra entre 4.000 y 5.000. Tampoco ha sido procesado ningún funcionario por estos hechos e incluso algunos de los supuestos responsables siguen formando parte de la élite política iraní, ha denunciado Amnistía.

El director de Investigación para Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional, Philip Luther, ha subrayado que "es momento de que las autoridades hagan esfuerzos reales para revelar la verdad, en lugar de ocultarla". "El recuerdo de los muertos no puede quedar borrado o enterrado bajo el hormigón", ha advertido.

Las familias, entretanto, tienen prohibido celebrar cualquier tipo de conmemoración o decorar las zonas donde supuestamente están enterrados sus seres queridos --hasta 120 en todo el país--. En la ciudad de Qorveh, en la región del Kurdistán, las autoridades han retirado lápidas y otros objetos depositados en julio de 2016 bajo la excusa de que la tierra iba a ser utilizada con fines agrícolas.