AI denuncia que las restricciones al envío de ayuda humanitaria a Yemen ponen en peligro miles de vidas

Las restricciones al envío de ayuda humanitaria destinada a la población civil yemení ponen en peligro miles de vidas, según ha denunciado la ONG Amnistía Internacional (AI), que ha instado a las partes implicadas en el conflicto a garantizar el pleno acceso a las zonas más afectadas para suministrar productos de primera necesidad.

"Los impedimentos ilícitos impuestos a la ayuda humanitaria en Yemen están causando un gran sufrimiento a la población la cual no puede satisfacer sus necesidades básicas. Es absolutamente necesario que las negociaciones se centren en dar prioridad a este asunto para garantizar que la ayuda llega a quienes más la necesitan", ha indicado Lama Fakih, asesora general de Amnistía Internacional sobre situaciones de crisis.

Una delegación de la ONG se desplazó en mayo a varias zonas controladas por los huthíes, donde al menos once organizaciones locales e internacionales de ayuda humanitaria denunciaron todo tipo de restricciones por parte de las diferentes facciones, incluidas las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí.

"Todas las partes en el conflicto armado tienen la obligación de permitir y facilitar el envío de asistencia humanitaria a aquellos civiles que la necesiten. Bloquear tal ayuda es una violación del Derecho Internacional. Se debe permitir la llegada sin impedimentos de alimentos, agua y saneamiento, por lo que todas las partes implicadas deben facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias", ha aseverado Fakih.

Durante la celebración del Eid al Fitr, al final del Ramadán, se intensificaron en varias partes del país los ataques aéreos y las hostilidades por tierra, lo que ha provocado el desplazamiento de numerosas personas y ha empeorado la situación de más de la mitad de los niños que residen en el país, quienes padecen malnutrición crónica.

Los trabajadores de las diferentes organizaciones han denunciado el continuo bloqueo de los envíos. La coalición liderada por Arabia Saudí ha puesto en marcha un procedimiento excesivamente complicado para prevenir los ataques contra las ONG, que deben informar en todo momento de sus movimientos.

LOS IMPEDIMENTOS DE LA COALICIÓN

En Yemen, los trabajadores humanitarios se enfrentan a diario a multitud de amenazas debido a los constantes combates y a la disposición de restos de explosivos sobre el terreno. A sus dificultades se suman la falta de receptividad y cooperación que muestra hacia ellos la coalición, lo que provoca retrasos en el envío de la ayuda más fundamental, que se hace lento y costoso.

"Las organizaciones humanitarias tienen que superar ya las dificultades que plantea la destrucción de la infraestructura y las peligrosas condiciones de trabajo, por lo que es absurdo que el envío de ayuda tenga que depender de las normas de la coalición. Hay muchas vidas en juego", ha manifestado Fakih.

La coalición exige información sobre el personal, los vehículos y la distribución de los miembros de las ONG sobre el territorio, condiciones que consumen recursos y tiempo, según AI. Como consecuencia de ello, algunas ONG no pueden proporcionar esa información u optan por no hacerlo, lo que implica que su personal y sus suministros corran grave peligro.

"La coalición tiene la obligación de garantizar que no ataca a civiles, lo que incluye a los trabajadores humanitarios y los suministros de ayuda. Se debe permitir a las ONG el acceso sin restricciones para que distribuyan asistencia humanitaria independientemente de cuál sea la población atrapada en medio del sangriento conflicto de Yemen. La coalición y los huthíes dificultan las operaciones de auxilio en vez de facilitarlas", ha alertado Fakih.

HOSTIGAMIENTO Y RESTRICCIONES

Las ONG también han manifestado que han sido objeto de amenazas detenciones e interrogatorios, así como de amenazas físicas y verbales por parte de diversos comités huthíes y entidades alineadas a los rebeldes. En algunos casos se ha detenido o intimidado a su personal a punta de pistola y se ha obligado a las organizaciones humanitarias a detener sus actividades sobre el terreno por no acceder a peticiones, como facilitar los nombres de los beneficiarios de su ayuda.

Los procedimientos burocráticos impuestos por los ministerios controlados por los huthíes retrasan el proceso de aprobación del envío de ayuda, según AI. El Ministerio de Planificación ha pedido a organizaciones humanitarias que presenten planes de viaje para periodos de tres meses, lo que resulta sumamente difícil en el inestable contexto de un conflicto armado donde los planes pueden cambiar con muy poca antelación, ha explicado la ONG.

Los huthíes han interpuesto también diversas restricciones a las ONG, como la restricción de acceso, el retrado en la concesión de visados y la imposición de permisos de circulación interna. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en febrero el Ministerio del Interior, que tiene su sede en Saná, denegó el permiso de viaje a tres misiones distintas organizadas bajo la dirección de la ONU desde Saná a Ibb y Taiz, donde el 79 por ciento de la población necesita ayuda humanitaria.

En algunos casos, las autoridades locales huthíes, entre ellas el Ministerio de Planificación, han retrasado e impedido la evaluación de las necesidades humanitarias y el seguimiento de los programas, según ha denunciado AI, que ha indicado que también han intentado influir en las decisiones de las organizaciones humanitarias sobre a quién contratar y a quién distribuir la ayuda, una actitud que va en contra de los principios humanitarios de independencia e imparcialidad.

FALTA DE FONDOS

Varias ONG estiman que para desarrollar el plan de respuesta humanitaria para Yemen en 2016 son necesarios 1.800 millones de dólares (1.636 millones de euros), de los cuales sólo se había recibido un 25 por ciento en junio.

"Yemen se enfrenta a una crisis humanitaria desesperada y los fondos para las organizaciones de ayuda son esenciales. Es fundamental que se lleven a cabo sin injerencias las debidas evaluaciones de las necesidades", ha afirmado Fakih.

Según el derecho internacional humanitario, todas las partes en el conflicto deben garantizar a los miembros de las ONG la libertad de circulación y protegerlos de los ataques, el hostigamiento y la detención arbitraria. Deben también garantizar el envío rápido y sin impedimentos de ayuda humanitaria imparcial a la población civil que la necesita.