El presidente de los procuradores destaca el "éxito" de su plataforma de subastas en comparación a la del BOE

El presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Juan Carlos Estévez, ha destacado el "éxito" y el uso en "progresión geométrica" que está teniendo el portal de subasta de la institución que preside frente al del Boletín Oficial del Estado (BOE), cuya diferencia estima en un 60 por ciento.

Así lo ha manifestado en una entrevista a Europa Press en la que ha explicado ha subrayado que los procuradores son una "entidad especializada", tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, que cada vez cuenta con más encargos y recursos para realizar las subastas.

La plataforma electrónica nació para dar cumplimiento a dos artículos de dicha ley --el 626.4 y el 641-- que fija la facultad de los Colegios de Procuradores para ser nombrados como depositarios de bienes muebles, así como de enajenar bienes de cualquier clase, a través del sistema de venta o subasta.

"Es la primera vez que aparece un artículo en el que se les da a los Colegios de Procuradores la facultad de crear almacenes de depósitos, bienes embargados y realizar subastas como entidad especializada", ha indicado Estévez, que ha explicado que en este momento fue el Decano del Colegio de La Coruña y "alguno más" quienes pusieron en funcionamiento las primeras experiencias de subastas.

"Entendimos que esto debía ser prorrogable a nivel nacional", por lo que el Consejo General de Procuradores de España decidió "intervenir" para ayudar a todos aquellos colegios que "no tienen medios para estas funciones", ha apostillado. La decisión de lanzarse a este proyecto también vino dado al percatarse de que el portal del subasta del BOE "no funciona del todo bien", ha añadido el presidente de los procuradores españoles.

REPORTAJE "EXHAUSTIVO" DE LOS BIENES SUBASTADOS

"Está teniendo una progresión geométrica", ha recalcado Estévez sobre la plataforma de los procuradores que lleva en funcionamiento desde el 4 de mayo de 2016. Ha señalado como factor que contribuye al éxito el "reportaje exhaustivo" que se hace de los bienes almacenados con información detallada de los mismos y sus posibles cargas, como puede ocurrir en el caso de los inmuebles.

Así, en comparación, ha indicado que si el "éxito del portal del BOE es de un 20 por ciento, el nuestro es de un 80 por ciento". A fecha de 2 de octubre de 2017, el portal aumentó las visitas casi un 200 por cien: mientras que en 2016 se registraron 72.354 visitas, este año, en la fecha señalada, ha recibido 142.881, según un informe elaborado por el CGPE.

Lo mismo ha ocurrido con el número de pujas, pues en 2016 se realizaron un total de 924 y en lo que va de 2017 se han superado las 2.900.

Por otro lado, Estévez ha constatado también la experiencia pionera de los procuradores con sistemas de notificaciones electrónicos. LexNET es la plataforma que el Ministerio de Justicia a puesto a disposición de los profesionales de la Justicia para realizar las comunicaciones de los procedimientos judiciales en los que trabajan.

EL "TRIUNFO" DE LOS PROCURADORES CON LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

En este sentido, ha recordado que los primeros proyectos pilotos fueron en los años 80 y que la primera vez que el Ministerio tuvo en cuenta estas prácticas fue con Ángel Acebes al frente en 2001. Tras ver el "triunfo" de los procuradores al hacer los trámites de forma telemática, la experiencia se fue "expandiendo" y se convirtió en algo cada vez más habitual en otras profesiones, ha relatado Estévez.

El presidente de los procuradores ha afirmado que debido a que el sistema "se ha multiplicado exponencialmente" ha llegado al punto del "colapso". Sin embargo, esta circunstancia no supone un problema de gran magnitud para Estévez porque "todos los sistemas informáticos se caen, incluso los de la NASA".

"Hasta el día de hoy ha mejorado muchísimo, pero por este camino han venido muchas aventuras como los 'hackers', que han hecho que el sistema se vuelva a colapsar, y que ha ido desprestigiando LexNET porque ha habido parones, situaciones muy complicadas para los profesionales", ha dicho en referencia a los fallos de seguridad en el acceso a la plataforma de notificaciones este verano, que ha provocado la desconfianza y críticas públicas de muchos operadores jurídicos.

Sobre estos fallos, el ministro de Justicia, informó de que medio centenar de abogados y procuradores intentaron entrar a los asuntos de otros perfiles. Ante esta situación, Estévez ha asegurado de que está esperando a conocer qué procuradores han infringido la normativa para informar a los respectivos colegios de procuradores a los que pertenezcan para que estos abran los correspondientes expedientes disciplinarios e impongan las sanciones previstas en sus estatutos.

UNA "TORRE DE BABEL"

Lo que sí cree que es un problema es que no exista un sistema común de notificaciones entre todas las comunidades autónomas con competencias transferidas. Ha señalado que todas tienen las mismas características salvo "dos cosas y el nombre" que hacen "que no puedas dialogar".

"Hemos hecho una Torre de Babel, vamos a ponernos todos de acuerdo porque sino esto nunca va a funcionar", ha pedido.

Otro de los ámbitos en los que se mueven los procuradores es la asistencia jurídica gratuita, que hace unos meses se vio perjudicada cuando Hacienda pretendió cobrar el IVA a los profesionales que ejercen el Turno de Oficio en aplicación de de una sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronunció a favor de que tributasen, en respuesta a una cuestión planteada por el Tribunal Constitucional de Bélgica.

Esto finalmente no llegó a ocurrir ya que, tal y como ha subrayado Estévez, la justicia belga y la española no son iguales. En Bélgica la justicia gratuita es "voluntaria" y los abogados y procuradores "cobran y pasan las minutas al Estado como si fueran un cliente normal, por eso lleva IVA".

Pero en España, es "obligatoria" porque son los colegios de abogados y procuradores los que proporcionan estos profesionales para garantizar las asistencia jurídica a todos los ciudadanos. En esta línea, lo que sí ha afirmado que habría que modificar es la territorialidad, es decir, que los casos sean repartidos en las zonas donde se vayan a enjuiciar y que no puedan ser asumidos por operadores jurídicos colegiados en otros lugares: "No tiene ningún sentido", ha concluido.