El dinero del procès

La Justicia insiste en que el Gobierno de Puigdemont desvió dinero público para financiar el procès. Y en concreto para el 1-O estima que la cifra superó los 250.000 euros. Así consta en un auto en el se deniega la petición del número dos de Junqueras, Josep María Jové, de que se impida personarse en la causa (como perjudicado) a la Abogacía del Estado, con el argumento de que no hubo tal desvío. El juez, sin embargo, entiende que sí. Dice que entre 2012 y 17 la Generalitat recibió del Estado 6.000 millones para pagar a proveedores del llamado FLA. Que el procès se desarrolló en este tiempo; y que, "ante la imposibilidad de atribuir un gasto concreto a una deteminada partida" se deduce que parte del dinero del FLA fue para pagar el referéndum.