Los acusados defienden que eran tarjetas de libre disposición y arremeten contra las pruebas de Bankia

Los principales responsables de la emisión y gestión de las tarjetas 'black' acusados por el uso presuntamente fraudulento de los plásticos de Caja Madrid han coincidido durante su declaración ante el tribunal que se trataba de unos instrumentos de libre disposición y que, pese a tener establecido un límite, nunca tuvieron que justificar los gastos que efectuaron.

Tras las dos primeras sesiones dedicadas a cuestiones previas, el pasado viernes arrancó el interrogatorio que comenzó con el que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010, Miguel Blesa, y le siguió ya este martes su sucesor al frente de la caja y de Bankia, Rodrigo Rato. Los dos exdirectivos centraron su argumentario en que era una práctica heredada pero perfectamente legal.

El tribunal que preside Ángela Murillo se encargará de dirimir si los directivos de la caja, que cargaron un total de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012, incurrieron en delito continuado de apropiación indebida, como apunta la Fiscalía Anticorrupción, y en administración desleal, como señala la acusación popular.

Blesa, para el que el Ministerio Público pide la pena de prisión más alta --seis años-- y multa de 108.000 euros, expuso a preguntas del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de su abogado Carlos Aguilar, que todos los beneficiarios de las tarjetas estaban convencidos de que se declaraban a Hacienda y defiende que la confianza que tenía depositada en la caja no le hizo pensar lo contrario durante ese tiempo.

Rato, por su parte, protagonizó una larga disputa con el representante del Ministerio Público por el concepto en el que se otorgaban las tarjetas. El que fuera vicepresidente del Gobierno de José María Aznar zanjó la cuestión aclarando que no tenía nada que ver la Visa que se repartía en Caja Madrid, que era una retribución, con la que dispensó ya bajo sus órdenes Bankia entre 2010 y 2012 y que los gastos se cargaban al salario.

El exdirectivo, que acumuló un total de 99.084 euros en las dos tarjetas, apuntó directamente al Comité de Retribuciones, creado en 2004, como el órgano dentro de la entidad responsable de su emisión y aseguró que él nunca dio órdenes de que se cambiara el límite de 12.000 euros impuesto a los plásticos y que considera "excesivo".

DECLARACIÓN DE DOCE ACUSADOS

Tras los expresidentes le tocó el turno a Ildefonso Sánchez Barcoj, señalado por muchos, entre ellos Rato, como el encargado de la gestión de las tarjetas. El exresponsable de Medios de Caja Madrid fue el único hasta el momento que ha respondido a las preguntas de la acusación particular, ejercida por Bankia-BFA, el FROB y Tenedora de Acciones SAU (BFA) y a las de la popular, que ejercen la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General de Trabajo (CGT).

Hasta doce acusados han prestado declaración en estas primeras cinco sesiones del juicio entre los que se encuentran, además de los arriba mencionados, los exconsejeros José Antonio Moral Santín (IU), Francisco Baquero (CC.OO), Estanislao Rodríguez-Ponga (PP), Antonio Romero (PSOE), José María de la Riva (PSOE), Ignacio de Navasqües, Ramón Espinar (PSOE), y José Manuel Fernández Norniella (PP).

ACUSACIONES CONTRA BANKIA

Todos ellos han reconocido ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que nunca tuvieron acceso al desglose de los gastos de las tarjetas y que se han conocido en el marco de la instrucción del caso cuando Bankia presentó una hoja Excel en la que aglutinaba todas las compras así como la retirada en cajero de efectivo que llevaron a cabo los acusados.

Todos sin excepción se han negado a reconocer el documento aportado por Bankia y han asegurado que se trata de una hoja sin veracidad ni credibilidad alguna. Algunos han denunciado cargos duplicados, otros, como Antonio Romero, que su tarjeta fue clonada. Sánchez Barcoj llegó a asegurar ayer que se le atribuían gastos en un casino cuando "no ha ido en la vida" mientras que José María de la Riva ironizaba hoy con que constaba un cargo a su tarjeta de dos aparcamientos privados a la vez.

Luzón está centrando sus interrogatorios en averiguar datos concretos sobre las Visas, especialmente quién se las otorgó --un punto en el que hay disparidad de versiones--, y en conocer los gastos que efectuaron los altos cargos y directivos. Joyas, viajes, ropa de marca, menaje del hogar y hasta lencería femenina figuran en el desglose de desembolsos que los acusados se empeñan en rechazar por falta de información adicional.

ESCARNIO PÚBLICO

Tampoco han dudado en arremeter duramente contra el informe presentado por Bankia que recoge una auditoría interna y en la que supuestamente se conoce el uso de las tarjetas, asegurando que es poco creíble que la entidad desconociera una práctica que lleva vigente más de 24 años y que de ningún modo era opaca sino que estaba fiscalizada y sometida a los procedimientos normativos de la empresa, como apuntó ayer Moral Santín.

Navasqües es el que ha ido más lejos al calificar el informe de "lamentable" y ha acusado a la entidad nacionalizada de ser la responsable del "escarnio público" al que están siendo sometidos. Visiblemente molesto ha asegurado que están siendo vilipendiados por los medios de comunicación mientras que Norniella ha asegurado que se sintió "humillado" en su declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que instruyó la causa.

Sin embargo en lo relativo al cese de las tarjetas los consejeros no comparten la misma versión. Si bien Blesa dijo el pasado viernes que la 'black' se daba de baja una vez el beneficiario abandonaba la entidad, algunos de ellos como Ramón Espinar, han reconocido que siguieron haciendo uso de la misma incluso hasta ocho semanas después de haber dejado su puesto en Caja Madrid para agotar el saldo.

La ronda de interrogatorios se reanuda este jueves con las declaraciones previsiblemente de los exconsejeros Rodolfo Benito, Alberto Recarte, José María Arteta, Jesús Pedroche y Gonzalo Martín Pascual para los que el Ministerio Público pide cuatro años de prisión y multa de 81.000 euros.

El banquillo de los acusados lo completa una nutrida representación de políticos del PP, PSOE e IU, que ocuparon Ministerios y secretarías generales, líderes sindicales de UGT y CC.OO y de CEIM y CEOE y hasta el exjefe de la Casa Real, Rafael Spottorno en el marco de una causa que se destapó con un correo electrónico en el que se hacía mención a esta práctica.