Turull reprocha a Llarena que elija "quien debe ser el candidato a presidir la Generalitat"

El exconsejero de Presidencia y excandidato a presidir la Generalitat de Cataluña Jordi Turull ha acusado este martes al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el 'procés' soberanista de convertirle en un "preso político". También le ha reprochado que sea este órgano judicial el que pretenda decir a quien tienen que votar para presidir la Generalitat.

Fuentes presentes en la diligencia han señalado que durante su declaración indagatoria, a la que Llarena le había citado para comunicarle su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, Turull ha reprochado al magistrado que no sabe si él era un preso político el pasado mes de noviembre, cuando entró por primera vez en prisión por orden de la juez de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, si bien ahora "no tiene ninguna duda" al respecto.

"Usted me ha puesto en la cárcel porqué como ha dicho literalmente en su auto yo no garantizo un acertado retorno al autogobierno", ha lamentado el exmandatario, para añadir que existe un cruce de poderes. "Mientras el gobierno nos dice cuando nos procesaran y por qué nos condenaran, el Supremo nos dice a qué presidente tenemos que votar".

"Deje de meter la justicia en la política"

Por todo ello, Turull ha pedido a Llarena que "dejen de meter la Justicia en la política" y no pretenda decir "quien debe ser el candidato a presidir la Generalidad".

De este modo, el exconsejero se une al cambio de estrategia evidenciado por otros procesados los también exmiembros del Govern Josep Rull y Raül Romeva, quienes utilizaron su comparecencia de ayer para reprochar al magistrado la vulneración de sus derechos y la politización del procedimiento judicial. Del mismo modo actuaron el lunes el exvicepresidente Oriol Junqueras y los que fueran líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixat, quienes frente a declaraciones anteriores de sometimiento a la legalidad optaron por reprochar ante el instructor de ausencia de separación de poderes en España.