Interior archivó en 2011 una investigación por "faltas muy graves" en Método 3

Según estas fuentes, la investigación de la Policía se realizó en mayo de ese año cuando el ministro del Interior era Alfredo Pérez Rubalcaba, si bien la decisión del archivo se realizó cuando el titular del Departamento era Antonio Camacho, quien tomó posesión el 12 de julio de ese año, dos meses después de la investigación. De hecho, el archivo de la investigación fue obra del entonces 'número dos' del Departamento, el secretario de Estado de Seguridad, Justo Zambrana.

Fuentes consultadas explican que la Policía realiza este tipo de investigaciones de forma periódica en base a un plan de Inspecciones de carácter anual y en toda España que realiza la Brigada de Inspección e Investigación de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía. La Policía también puede realizar estas averiguaciones motivadas por una denuncia contra una empresa concreta.

La ley de Seguridad Privada recoge una serie de faltas calificadas como muy graves como son "prestar servicios de seguridad a terceros careciendo de habilitación necesaria", "realización de actividades prohibidas como la investigación de conflictos políticos laborales", "control de opiniones recogidas de datos personales o información a terceras personas sobre clientes o su personal".

También se considera una falta muy grave la "instalación de medios materiales no homologados que puedan causar graves daños a las personas" o "la negativa a facilitar la información de los libros de registros". Precisamente en este punto, la Policía solicitó a Método 3 el libro de registros en el marco de la 'operación Pitiusa', realizada el año pasado.

Ante este requerimiento, el responsable de la empresa Francisco Marco, alegó que ese documento se había destruido en una inundación en la sede de la agencia.

Multas de hasta 600.000euros

Otras faltas muy graves indicadas en la Ley son el "incumplimiento de las normas sobre adquisición de armas", la "realización de servicios de seguridad con armas fuera de lo permitido en esta Ley", o "la negativa de prestar auxilio o colaboración con las fuerzas de seguridad en la persecución de delitos". Estas actividades están sancionadas con multas de entre 30.000 euros y 600.000 euros y la cancelación de la inscripción para la empresa.

Además también se recogen faltas muy graves en función de la actividad individual de los detectives. En este caso está sancionado con multas de entre 3.000 y 30.000 euros y la retirada de licencia "la falta de reserva de vida sobre las investigaciones que realicen los detectives privados" o "la utilización de medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor a la intimidad personal o familiar a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones".