La Generalitat aprobó un préstamo de 3 millones para Unipost, contratada para repartir el material electoral del 1-O

La Generalitat de Cataluña aprobó la concesión de un préstamo de 3 millones de euros a Unipost, la sociedad contratada para repartir el material electoral del referéndum ilegal del pasado uno de octubre, según consta en uno de los últimos informes que ha entregado la Guardia Civil en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en el que se investiga la organización del 1-O.

En el citado documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se informa de un contrato encontrado en el registro llevado a cabo en el domicilio social de Unipost, que se adjunta como un anexo. En el mismo intervienen Joan Tarradellas Expuny en representación de la empresa Avançsa --Empresa de Promoción y Localización Industrial de Cataluña-- y Pablo Raventós Sáenz, en representación de Unipost.

La escritura es de octubre de 2016, pero la autorización es anterior. Según consta en la cláusula cinco del propio documento intervenido por los investigadores, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña había autorizado este préstamo el 17 de marzo de 2015.

Se trata de un préstamo participativo, de tal forma que si la empresa no lo devuelve, la Generalitat puede ejercitar su derecho a convertir en acciones el capital y los intereses. La finalidad del mismo, según se hace constar, es "cubrir las necesidades financieras temporales para preparar la campaña de verano. Abono de proveedores y costos".

El interés es el euríbor a 12 meses más 300 puntos básicos y el vencimiento se fijó a cinco años, con amortización del 100 por cien del capital a vencimiento. Cuenta además con una garantía personal ilimitada de la prestataria y adicionalmente de una hipoteca inmobiliaria sobre dos fincas. La primera de ellas en Hospitalet de Llobregat y valorada en 8,3 millones de euros y la segunda, registrada Zaragoza, por valor de 583.400 euros.

El contrato tiene fecha de octubre de 2016, sin embargo, Unipost presentó concurso voluntario de acreedores en julio pasado en el juzgado mercantil número 7 de Barcelona y la administración concursal pidió en diciembre al juez la liquidación de la empresa.

Una administración concursal que ya se estaba ejerciendo cuando fue convocado el referéndum ilegal del 1 de octubre y cuando la empresa fue contratada para repartir la documentación electoral, más de 45.000 cartas certificadas con los componentes de las mesas electorales y 5.346.734 unidades ordinarias que cubrían todo el censo electoral.

OCULTARON EL TRABAJO AL ADMINISTRADOR CONCURSAL

Sin embargo, según el informe que ha entregado la Guardia Civil en el Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, este contrato fue ocultado al administrador concursal y no contabilizaron el servicio en sus sistemas de control informático.

Además, los investigadores ponen el acento en la "falsedad documental" en la que incurrieron con los certificados que acompañaban a las cartas que intervino la Guardia Civil en Unipost, ya que trataban de "simular la autenticidad de ese documento público-mercantil para hacer creer a los destinatarios que se trataba de una comunicación oficial, por parte de la Generalitat de Cataluña a las designaciones para componentes de mesas electorales del 1-O".

Este hecho, advierte el informe el Instituto armado, "no es baladí, pues los responsables intentaron transmitir la imagen que se trató de unos comicios legítimos con todas las garantías".

USO DE DATOS PRIVADOS DE MILES DE PERSONAS CEDIDOS A UN TERCERO

Otro hecho que destaca la Guardia Civil es la utilización de "los datos de miles de personas" y que la Generalitat cedió a una entidad privada "vulnerando los principios básicos de custodia, almacenamiento y control de datos personales".

El listado de las personas que se utilizó para enviar los correos certificados fue localizado por los investigadores en un archivo incautado a David Palanques Bonavía, trabajador del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, cuyo Secretario General, Josep Ginesta Vicente es el autor del archivo "modelo de comunicación y miembro de mesa electoral", que fue utilizado para los nombramientos que iba a repartir Unipost.

La Guardia Civil también encontró las facturas emitidas por esta empresa para cobrar el reparto del material electoral. Las localizó en el correo electrónico del Director de Patrimonio de la Generalitat, Francesc Sutrias. Esta fue la persona que firmó en representación de la administración catalana la ampliación del contrato "CCS 2015 11" entre Unipost y la Generalitat.

Y es el receptor del correo que envía Pablo Raventós, director general de Unipost y uno de sus accionistas, con las cinco facturas para el cobro. Una de estas cinco facturas se intentó cobrar en dos ocasiones y en ambas fue rechazada. Una de forma automática y la otra manualmente por un empleado de la Generalitat.