CSIF, tras reunirse con el Gobierno, anima a los funcionarios de Cataluña a no acatar órdenes ilegales y denunciarlas

El presidente del sindicato, Miguel Borra, ha abordado este jueves la "preocupación" del colectivo ante el proceso soberanista con el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ante quien ha subrayado la defensa del CSIF del ordenamiento jurídico vigente.

Para hacer frente a la posibilidad de que el funcionariado catalán tenga que responder a una orden de dudosa legalidad, el sindicato ha reactivado su protocolo de defensa jurídica con una serie de recomendaciones.

En primer lugar, recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.

De esta manera pueden salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento. Y en el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo del CSIF recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales.

Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes.

Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.

El CSIF defiende el papel de los funcionarios como un elemento cohesionador del Estado que trabajan "para la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan".