La Audiencia de Sevilla acepta la petición de Griñán y reclama el informe del Estado sobre las ayudas de los ERE

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla admite la documental solicitada por el abogado de Griñán, José María Mohedano, y acuerda librar el oportuno exhorto al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

No obstante, y "estando todas las actuaciones digitalizadas", el tribunal requiere al letrado del expresidente de la Junta para que "aporte dicha documental en formato digital para unir a la causa y, en su caso, dar traslado a otras partes".

"Como regla general, se recuerda a las partes que de todos los documentos que aporten, deberán acompañar una copia en formato digital para unir a la causa y, en su caso, dar traslado a las partes", concluye la Audiencia en esta providencia consultada por Europa Press.

Y es que el letrado considera que esta documentación "tiene mucha relevancia para la defensa" de Griñán y "en general para todos los acusados porque puede alumbrar y aclarar muchos extremos sobre el llamado procedimiento específico para la concesión de ayudas y también para el carácter y naturaleza de las ayudas que son objeto de este procedimiento".

En dicho informe, el director general de Empleo, Javier Thibault Aranda, reconoce que el Ministerio del ramo no realizó ningún concurso público para las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011, que se otorgaron por el régimen de "concesión directa".

En este sentido, el director general de Empleo aporta en el informe un listado de 220 ayudas concedidas entre 2001 y 2011 donde precisa las empresas que recibieron las mismas, la aseguradora, el tomador de la póliza, el organismo que efectúa el ingreso y el importe en euros de cada una de las ayudas, que oscilan entre 13.760,49 euros y 22,2 millones y que suman más de 200 millones en total.

EL INFORME

Thibault informó a la juez de que la concesión de ayudas extraordinarias entre 2001 y 2011 se realizó en los supuestos y condiciones que se establecen en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, cuyo artículo tercero "establecía que las ayudas podían ser solicitadas conjuntamente por la empresa y los representantes de los trabajadores, o directamente por éstos últimos, acompañando una memoria explicativa en la que constasen los motivos por los que se solicitaba, la cobertura solicitada y el coste económico individualizado".

El director general de Empleo, en este informe fechado el 18 de septiembre y consultado por Europa Press, señala que, "a la vista de los motivos alegados y de la documentación acreditativa aportada, la Dirección General de Trabajo resolvía directamente sobre la concesión de las ayudas, condicionada a la disponibilidad presupuestaria existente".

Al hilo de ello, precisa que la Orden Ministerial de 1995 "no contemplaba, en cambio, la realización de concurso público alguno para la concesión de dichas ayudas", razón por la que la entonces Dirección General de Trabajo "tramitó todas estas solicitudes por el régimen de concesión directa".

Una forma de proceder que, según añade, "sucede en la actualidad" tras la aprobación del Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

DECLARACIONES DE DOS EXALTOS CARGOS DE AZNAR

El abogado de Griñán también pidió, y la Audiencia ha acordado, que se reclamaran las declaraciones de las dos ex altos cargos del Ministerio de Empleo que han declarado como investigadas en la pieza de las ayudas a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva. Se trata de las declaraciones de Soledad Cordova, ex directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de Carmen de Miguel, ex secretaria general de Empleo.

Soledad Cordova declaró como investigada ante la juez María Núñez Bolaños el día 17 de octubre.

Durante su comparecencia, la juez le preguntó si consideraba que "la actuación de la administración pública andaluza y de la administración estatal en la concesión de este tipo de subvenciones, como se ha hecho, sin concurrencia pública, de manera excepcional, incurre en algún tipo de ilegalidad", a lo que la investigada contestó que "para nada", pues "se han aplicado estrictamente los criterios de la Orden. Estas ayudas, que son de aplicación directa, estaban perfectamente encardinadas dentro de la ley de subvenciones".

Asimismo, y cuestionada por la juez sobre si el marco legal es el mismo, Soledad Cordova dijo que "puede ser, claro. Vamos a ver, la concesión de este tipo de ayudas de aplicación directa, señoría, puede hacerlo la Junta de Andalucía, claro, tiene plena competencias en materia laboral (...). Es decir, que la Junta puede dar perfectamente las ayudas aplicadas que vienen contempladas en la Orden".

"Lo que yo ya desconozco es el procedimiento de concesión, yo no conozco las normas autonómicas, no las conozco, pero es que la Junta tiene competencia plena, en materia de relaciones laborales...", afirmó Soledad Cordova durante su declaración ante la juez.