El juez ve a Zapatero "líder" de una estructura de tráfico de influencias para Plus Ultra
El juez de la Audiencia Nacional considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”
El juez cree acreditado que Zapatero, con la participación de su secretaria y el empresario Julio Martínez Martínez impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái
El juez de la Audiencia Nacional considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.
Así lo considera en su resolución el juez José Luis Calama, titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la compañía aérea Plus Ultra.
Según el magistrado, esta presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
En un auto de 85 páginas, Calama señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.
La intervención de Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, “revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos”.
Principales beneficiarios de la trama: Zapatero y sus hijas
En esta estructura de tráfico de influencias, según el juez, Julio Martínez Martínez desempeñaría un papel relevante en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas de Zapatero y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.
La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros.
El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería Zapatero, así como la sociedad Whathefav, cuyas administradoras y socias son sus hijas, “recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos”.
La consultora de Julio Martínez, Análisis Relevante, habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa −, terminaron en el entorno del expresidente del Gobierno.
Posible delito de blanqueo de capitales
El juez también ha apreciado indicios de un posible delito de blanqueo, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero, y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final.
Según el auto, los investigados habrían realizado actos de ocultación, conversión o transmisión de bienes presuntamente ilícitos mediante una estructura societaria internacional diseñada para impedir su rastreo.
Una sociedad en Dubai presuntamente para recibir fondos
En concreto, consta indiciariamente acreditado que Zapatero, con la participación de su secretaria y el empresario Julio Martínez Martínez impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), cuyo plan de negocio preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez.
La proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros (1% del rescate público) −sin constancia del pago en España−, refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en España.
Ábalos y Zapatero para conseguir las ayudas para el rescate de Plus Ultra
Calama destaca también que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”.
Para ello, articularon dos líneas de influencia diferenciadas, una a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea finalmente fue la vía de este último la que adquirió un “papel predominante” y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos.
El magistrado considera que el conjunto de indicios recabados pone de manifiesto la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos de Rodríguez Zapatero. Esa red habría actuado en beneficio de terceros, siendo estos en su condición de clientes quienes abonaban determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados.
Una segunda línea de influencia: autorizar vuelos de Plus Ultra
El auto detalla que la actividad desplegada por los investigados no se limitó a las gestiones orientadas a obtener la ayuda pública española, sino que también se extendió a una segunda línea de influencia dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de la compañía Plus Ultra.
Esta línea presenta, según Calama, los elementos característicos del delito de tráfico de influencias, en tanto que se compone de una pluralidad de gestiones reiteradas, realizadas en unidad de propósito y aprovechando la posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz.
Para el juez, tanto esta línea de influencia como la dirigida a obtener la ayuda pública española deben considerarse un único delito de tráfico de influencias por identidad de sujetos activos, homogeneidad típica y unidad de finalidad económica, en tanto que ambas responden a un plan global de actuación en el que la trama organizada pone su capacidad de influencia al servicio de intereses empresariales concretos.