Migración

El Tribunal Supremo le da un ultimátum al Gobierno por no atender a los menores migrantes que piden asilo

El Supremo le da un ultimátum al Gobierno con los menores migrantes que piden asilo por no atenderlos
El Supremo le da un ultimátum al Gobierno con los menores migrantesNoticias Cuatro
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El Tribunal Supremo le da un ultimátum al Gobierno por no cumplir con su obligación de atender a más de 1.000 menores migrantes que han solicitado asilo en Canarias, donde siguen desbordados. Según informa Sergio García García, están en situación de desamparo tras viajes muy duros y a menudo huyendo de crisis económicas, políticas, guerras.

El Tribunal Supremo no está hablando de todos los menores migrantes que llegan a las costas canarias, sino de aquellos que han solicitado asilo. Esto es importante porque cambia su situación legal.

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Los menores que piden asilo pasan a depender del sistema estatal de acogida

Los menores cuando piden asilo dejan de estar solo bajo tutela autonómica y pasan a depender del sistema estatal de acogida. El problema es que eso no está ocurriendo. Llevan meses en centros saturados que no tienen apenas recursos, por lo que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Lo que debería hacer el Gobierno es evaluar caso por caso. En marzo, el tribunal ya intentó que el Ejecutivo cumpliese con la ley. En ese momento eran 1.008 menores, una cifra que habrá aumentado aunque no se haya actualizado. El Supremo ya había dictado en marzo una medida cautelar para que se hiciera esa revisión individual. Pero no se ha cumplido.

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El Ejecutivo se enfrenta a posibles sanciones e incluso denuncias

Esa evaluación es clave para que entren en el Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, donde podrían tener derechos como el de no ser deportados o incluso poder trabajar. Aunque no es la primera vez que el Supremo advierte al Gobierno. El tribunal ya le ha pedido al Gobierno que le vaya informando de los avances.

Y, si no lo hace, habrá medidas coercitivas. Es decir, pautas que obliguen a cumplir la ley. Por ejemplo, con multas o incluso denuncias por la vía penal. De momento, lo que tiene que hacer el Ejecutivo es ir informando de todos los avances que haga al Supremo cada 15 días.