En los últimos años, los ayuntamientos de media España, han aprobado ordenanzas municipales de convivencia ciudadana casi idénticas. Madrid ha sido la última ciudad en adoptar este tipo de regulación y la polémica está servida. La alcaldesa Ana Botella ha decidido barrer de las calles de la capital a los que se buscan la vida en ellas y ha puesto en marcha una ley con sanciones desproporcionadas. En la capital se castiga con hasta 750 euros ofrecer bienes a los ocupantes de un vehículo, avisar de que viene la policía, solicitar servicios sexuales en la calle, escupir o tirar desperdicios al suelo, molestar al regar las plantas y sacudir las alfombras en la acera.