Según la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, 12.3 millones de personas padecen esclavitud hoy en día. Dicha esclavitud incluye desde trabajadoras de la industria sexual hasta esclavos 'domésticos', a aquéllos controlados por las mafias y a los menores explotados en minas, vertederos de basura y fábricas de ropa, entre otros. Un amplio abanico que afecta tanto a ciudadanos que viven en países subdesarrollados como a aquéllos que viajan al Primer Mundo en busca de un futuro mejor. Así, sólo en París, existen 3.000 esclavos 'domésticos', niños de países en vías de desarrollo que son utilizados como verdaderos esclavos, vejados, maltratados y obligados a realizar tareas del hogar. Pero no ocurre sólo allí. En Londres, Nueva York, Zúrich y Los Ángeles también hay constancia de este tipo de casos (Amnistía Internacional).
La industria del sexo es, por otro lado, la que peores y más escalofriantes cifras maneja en relación a la explotación de seres humanos. En 2003, 400.000 personas fueron compradas en países de Europa Oriental para dedicarse, en contra de su voluntad, a dicha industria, a la agricultura o al procesamiento de alimentos.
En España, las cifras no son menos alarmantes. Se contabilizan 1.337 esclavos sexuales y 681 casos oficiales, denunciados, de esclavos laborales. En este sentido, los inmigrantes son los primeros damnificados. Según el último informe de la OCDE sobre migraciones internacionales (junio de 2007), una media de casi el 50% de los inmigrantes cualificados de 15 a 64 años instalados en el conjunto de los países industrializados son inactivos, desempleados o trabajadores desclasados, trabajadores que ejercen empleos por debajo de su formación o cualificación. En España, el poncentaje de inmigrantes con estudios inferiores es del 40,9%. Además, siempre según datos de la OCDE, el nivel de estudios superiores entre los nacidos en el extranjero (29,8%) es netamente mayor al de los autóctonos (25,4%), según cifras del periodo 2003-2004.
Teniendo en cuenta que a fecha de 2007, residen en nuestro país 3.979.014 ciudadanos extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, de los cuales el 45,65% son mujeres y el 54,35% hombres, ¿cuántos de ellos ocupan puestos directamente relacionados con su nivel de cualificación? ¿Por qué la construcción, el campo y el hogar son sus principales empleos? ¿Cuántos de ellos poseen un contrato legal y reciben el salario mínimo estipulado en relación a su puesto? Porque la temporalidad de los inmigrantes se sitúa entre el 78% y el 80%, según CC.OO. A pesar de sus dificultades, la tasa de actividad de los extranjeros (la población que busca trabajo o trabaja) es mayor. Un 75% frente a un 64% de los españoles.
¿Qué hacen los gobiernos?
Con la crisis económica y su especial repercusión en las cifras del paro (se estima que, sólo en la construcción, habrá un 92% de inmigrantes en paro), el gobierno ha desarrollado medidas para ayudar a uno de los sectores más desfavorecidos: el inmigrante. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, convoca ayudas para 2008 destinadas a programas que fomenten la integración sociolaboral del colectivo de personas inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, acogidos al régimen de protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria. La propuesta, en concreto, planea invertir 201 millones de euros. Fundamentalmente, la intención es reinsertar a trabajadores inmigrante en paro mediante cursos que puedan ampliar y mejorar su horizonte laboral. Además, aquellos inmigrantes en paro que no tengan derecho a la prestación social de ayuda al desempleo, recibirán 350 euros durante un máximo de tres meses.
Otras medidas están relacionadas con la gestión y negociación del retorno de inmigrantes en los países de origen así como la dedicación de fondos de apoya a la acogida e integración de ilos mismos. A pesar de ello, el problema de las mafias que se aprovechan de ellos y de los empresarios que les contratan en condiciones laborales ilegales no está regulado. Los sindicatos denuncian la precariedad existente en torno a las condiciones de trabajo de una gran cantidad de inmigrantes. Sólo en la provincia de Cádiz (datos ofrecidos por la Cadena SER), el empleo irrregular podría ascender a unas 6.000 personas. Algunos expertos consideran que el volumen total de empleo irregular, sólo en la construcción, en España, supera las 200.000 personas. Pero no debemos engañarnos: la contratación ilegal ha sido también una puerta de entrada y supervivencia para los miles de inmigrantes. Un problema al que los gobiernos de España deben hacer frente.
Razones del fenómeno
Existen millones de personas que se mueren de hambre en su país de nacimiento; padres y madres que carecen de empleo, de recursos para sacar adelante a sus familias; personas que no quieren resignarse a vivir una vida, la única que tienen, sumidos en la pobreza, el hambre, la enfermedad y, en definitiva, la muerte. Todos buscan un futuro mejor, una vida digna, y para ello, muchos se ven abocados al exilio. Deben abandonar sus casas, su barrios, su ciudad y su país de origen para hallar una salida.
Causas como la explosión demográfica, la creciente corrupción policial y gubernamental, especialmente de los países en vías de desarrollo y la globalización, en su vertiente más destructiva y avasalladora, potencian esta 'esclavitud moderna'. Mercados que buscan abaratar sus costes hasta unos límites deshumanizados; la escased de recursos naturales o su explotación por parte de países ajenos, en detrimento de la gente del lugar y la ignorancia de las autoridades competentes, que echan literalmente 'la vista a otro lado', hacen que en lugar de caminar hacia un mundo mejor, nos quedemos a las puertas de este: un 'pseudo' paraíso en el que vivimos sin remordimientos a costa de ignorar la verdad.