España pide aumentar al 30% por norma la cuota de contenido europeo en lugar del 20% inicialmente planteado por la Comisión Europea en su propuesta de mayo para modernizar las normas comunitarias sobre servicios audiovisuales y extenderlas a las plataformas de vídeo bajo demanda.
Los Veintiocho intentarán llegar a un acuerdo sobre su posición para negociar con la Eurocámara las nuevas normas en su reunión de este martes, a la que acudirá por parte de España el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Se espera un debate "bastante intenso" entre los Veintiocho, dado que las posiciones están "muy alejadas" en algunas cuestiones, aunque fuentes europeas ven "bastante razonable" la posibilidad de acuerdo, que necesita el visto bueno de una mayoría cualificada de países.
Para España, el 20% que la presidencia maltesa de la UE ha vuelto a poner sobre la mesa en su propuesta de compromiso --en lugar del 30% que también apoya el Parlamento Europeo en un intento por acercar posiciones--, "no es suficiente" pero la propuesta en su conjunto "es buena" y ve "posibilidades serias" de que se adopte. Y ve margen para "revisar al alza" la cuota del 20% mínimo en la negociación con la Eurocámara de la nueva directiva, han explicado fuentes diplomáticas.
Francia y Alemania también apoyan, con Grecia y Rumanía, un aumento de la cuota, mientras que otros países, entre ellos, Finlandia, Dinamarca, Luxemburgo, Irlanda y Reino Unido rechazan un sistema de cuotas obligatorio, algunos porque cuestionan que sea el método más apropiado y otros porque defienden que, en la práctica, ya se cumple esta meta y no hace falta imponerlo por norma.
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA PARA PRODUCCIÓN
Las nuevas normas contemplan que los Estados miembros puedan exigir a las plataformas que contribuyan financieramente, a través de una tasa o un canon, al desarrollo de las producciones audiovisuales europeas, ya sea invirtiendo directamente en contenido o contribuyendo a fondos nacionales y precisan que sus aportaciones deben ser "proporcional" a sus "ingresos" al país donde contribuyan.
Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido y República Checa están en contra de la contribución financiera y, especialmente, "la excepción al principio de país de origen" contemplado, que permitiría a los países exigir a las plataformas que contribuyan por los ingresos que obtienen en los países de destino, aunque no estén establecidos en ellos, algo que también afecta a los operadores lineales. Los países de establecimiento, además, deberán tener en cuenta la contribución que hacen las plataformas en los diferentes países de destino.
España ya exige a las televisiones en línea que destinen el 5% de sus ingresos a la producción cinematográfica desde el año 2001. "En España, seguramente, lo que se hará es extender el 5% a las plataformas de vídeo bajo demanda", han explicado fuentes diplomáticas, que precisan que en España, a diferencia de Francia, no se aplica un canon como tal, sino una contribución financiera que el operador invierte "directamente" en producción y "no hay traspaso de dinero al Estado".
Para tratar de allanar un acuerdo, la presidencia de la UE ha propuesto excluir de la contribución financiera a las start ups y empresas pequeñas y medianas, según fuentes europeas.
"Hay una excepción para las de baja audiencia o bajos ingresos", es decir, "para las que empiezan o no arrancan", así como para los canales temáticos, por ejemplo, las plataformas que sólo ofrecen documentales, han precisado fuentes diplomáticas. La Comisión deberá elaborar directrices para determinar qué se entiende por "baja audiencia o bajos ingresos".
INCLUIR, TAMBIÉN LAS REDES SOCIALES
Los mismos países que rechazan exigir una contribución financiera a las plataformas para producir contenidos europeos son "los mismos" que se oponen a extender las nuevas normas de servicios audiovisuales no sólo a las plataformas de vídeo bajo demanda sino también al contenido audiovisual de las redes sociales, alegando las "enormes consecuencias" que tendrán las nuevas normas sin que haya "habido una evaluación de impacto".
España, Francia y Alemania apoyan en cambio extender las normas a las plataformas de video y las redes sociales, tal y como contempla la propuesta de compromiso de la presidencia maltesa. El alcance de la directiva, precisamente, es otro de los escollos abiertos todavía, junto con la cuota y la contribución financiera y la jurisdicción.
España ve necesario que se cubran plataformas de vídeo pero también las redes sociales porque en muchos casos se ofrece "un servicio audiovisual" y "todos deben estar sometidos a la misma norma". Así, se deben entender las garantías de protección de menores y para evitar su uso para incitar al odio, la violencia y el terrorismo a los nuevos medios.
FLEXIBILIDADES Y CONTENIDO PROBLEMÁTICO
La propuesta de compromiso de la presidencia de la UE introduce elementos de "flexibilidad" para contentar a países como los bálticos y Polonia que quieren poder actuar "más rápido" contra los operadores que emiten contenidos transfronterizos problemáticos, como en su caso la propaganda rusa a través de medios establecidos en Suecia.
Así, esta contempla que los Estados miembro puedan actuar cuando el operador haya cometido una única infracción de la normativa europea en lugar de las dos infracciones en la normativa actual y también se eliminará el requisito de tener que "probar" que un operador se establece en otro Estado miembro "con el único objetivo" de beneficiarse de normas más laxas, algo difícil en la práctica, por lo que se elaborarán "circunstancias objetivas" que lo permitan demostrar, han explicado fuentes europeas y diplomáticas.
Las plataformas estarán obligadas a eliminar "a la mayor brevedad" contenido problemático y crear sistemas que faciliten a los usuarios denunciarlo, aunque no estarán sometidas a un monitorio previo ante la dificultad de controlar de antemano "millones y millones de vídeos, cada minuto" en la red. Alemania es uno de los países que más ha criticado que contenidos problemáticos como la pornografía infantil no se retiran "con celeridad suficiente", para justificar un sistema obligatorio. Las nuevas normas también contemplan limitar los anuncios en televisión a un máximo del 20% de la cuota diaria.