El colectivo ha reivindicado a través de un comunicado que la intimidad es un derecho humano "fundamental" y es "cardinal para el mantenimiento de sociedades democráticas". Por tanto, han recordado, las actividades que restringen este derecho, incluida la vigilancia de las comunicaciones, "únicamente pueden justificarse cuando están prescritas por ley, son necesarias para alcanzar un objetivo legítimo y son proporcionales al fin perseguido".
Internautas ha lamentado que las barreras logísticas inherentes al monitoreo de comunicaciones han disminuido en décadas recientes, lo que ha desembocado en una pérdida de claridad en la aplicación de principios jurídicos en los nuevos contextos tecnológicos y en una vigilancia estatal "a una escala sin precedentes". En paralelo, las conceptualizaciones de la legislación vigente en materia de Derechos Humanos "no han seguido el ritmo" de cambio de las capacidades de vigilancia de comunicaciones.
En ese sentido, la Asociación de Internautas ha denunciado que la frecuencia con la que los Estados procuran acceder tanto al contenido de las comunicaciones como a los metadatos de las mismas "aumenta drásticamente, sin controles adecuados". El acceso a esta información "permite crear perfiles de la vida de las personas", con datos como condiciones médicas, orientaciones políticas y religiosas, asociaciones, interacciones e intereses.
Pese a estos niveles de intrusión, el colectivo ha criticado que los instrumentos legislativos y de políticas públicas "a menudo otorgan a los metadatos de comunicaciones un menor nivel de protección, sin imponer las suficientes restricciones sobre cómo pueden ser posteriormente utilizados por los organismos del Estado".
PRINCIPIOS PARA EL RESPETO DE LOS DERECHOS
Internautas ha elaborado una lista de principios que, bajo su criterio, garantizan el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones derivadas de la legislación internacional sobre Derechos Humanos en lo relativo con la vigilancia de las comunicaciones. De acuerdo con este listado, cualquier limitación al derecho a la privacidad debe ser prescrita por la ley, y esta solo debe permitir esta vigilancia por parte de autoridades estatales específicas "para alcanzar un objetivo legítimo que corresponda a un interés jurídico preponderante y necesario en una sociedad democrática".
Los principios planteados por la Asociación de Internautas también exigen la necesidad e idoneidad de la vigilancia de las comunicaciones por parte de los Estados. De igual modo, el colectivo ha defendido que las decisiones sobre esta monitorización "deben tomarse sopesando el beneficio que se persigue contra el daño que se causaría a los derechos".
Así, si un Estado busca acceder o usar información protegida obtenida a través de vigilancia de las comunicaciones, debería confirmar que existe un alto grado de probabilidad de que un grave delito ha sido o será cometido, que la evidencia sobre el mismo sería obtenida a través del acceso a esta información y que se ha optado por la vigilancia de las comunicaciones tras haberse agotado otras técnicas menos invasivas.
Internautas también ha exigido que las decisiones relacionadas con esta vigilancia deben ser tomadas "por una autoridad judicial competente que sea imparcial e independiente", y que esta se ejecute mediante el debido proceso. Además, las personas deben ser notificadas de una decisión que autoriza la vigilancia de las comunicaciones "con el tiempo e información suficientes para permitirles recurrir la decisión".
De acuerdo con las reivindicaciones del colectivo, los Estados "deben ser transparentes sobre el uso y alcance de las técnicas y poderes de la vigilancia de las comunicaciones". Así, han afirmado, deben publicar información global sobre el número de solicitudes aprobadas y rechazadas, y un desglose de las solicitudes por proveedor de servicios, tipo de investigación y sus propósitos. Los Estados también deben establecer "mecanismos independientes de supervisión" para garantizar esta transparencia.
A fin de garantizar la integridad, seguridad y privacidad de los sistemas de comunicaciones, los Estados no deben obligar a los proveedores de servicios o proveedores de 'hardware' o 'software' "a desarrollar la capacidad de vigilancia o de control en sus sistemas, ni a recoger o retener determinada información exclusivamente para fines de vigilancia estatal", ha defendido la Asociación de Internautas. Además, en el caso de que esta labor pueda requerir de la asistencia de un proveedor extranjero, los Estados deberían adoptar la norma disponible con el mayor nivel de protección para las personas.
Por último, la lista de solicitudes de Internautas exige la promulgación de "leyes que penalicen la vigilancia ilegal de las comunicaciones por parte de actores públicos o privados". En ese sentido, han recordado que el sector privado "asume la misma responsabilidad de respetar los derechos humanos", aunque han matizado que esta lista de principios "se limita a las obligaciones del Estado".