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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad suspender cautelarmente la exhumación de los restos de don Francisco Franco Bahamonde, que debía llevarse a cabo el 10 de junio a las 10 horas.
La razón en que descansa esa decisión es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan. El Supremo señala que el interés público vinculado a la exhumación que ahora se suspende no se verán afectados por un tiempo prolongado si es que, finalmente, debieran prosperar.
Los recursos se presentaron contra el acuerdo por el que el pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros autorizó la ejecución de la exhumación, siempre y cuando la familia del dictador accediera a elegir una ubicación distinta a la cripta de la Catedral de la Almudena para inhumar de nuevo los restos de su abuelo.
Ante la negativa de la familia de renunciar por el momento a enterrar a Franco en la sepultura que
poseen a perpetuidad en la cripta de La Almudena, un lugar que el Gobierno considera inadecuado por su situación tan céntrica y su interés turístico, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos del dictador en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y fijaba para el 10 de junio la fecha de los trabajos de inhumación.
Para proceder a la exhumación, el Gobierno solicitaría el correspondiente permiso eclesiástico y si no lo obtuviese -hasta el momento el prior de la abadía benedictina que custodia la Basílica del Valle de los Caídos se ha negado- solicitará una autorización judicial. Sólo con alguno de estos dos permisos, accederá a la Basílica a exhumar a Franco.
Tanto la familia como la Fundación Francisco Franco y el resto de recurrentes apelan al daño que se causaría si se trasladan los restos del dictador antes de que el Supremo dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Es decir, si se trasladan esos restos al cementerio de El Pardo- Mingorrubio, en Madrid, y luego el tribunal resuelve que han de regresar al Valle de los Caídos.
Por otra parte, la Familia acusa también Gobierno de "mentir" cuando interpreta que la familia ha renunciado a señalar un lugar alternativo a la cripta de La Almudena para la inhumación. En uno de sus escritos de ampliación del recurso inicial -han presentado varios- recuerdan que ya enviaron un escrito al Gobierno por el que dejaban constancia de que, en el caso de que el Supremo desestimase su recurso, accederían a señalar una ubicación alternativa a La Almudena y pedían que se les diera un plazo razonable para tomar la decisión.
La familia también censura el Real Decreto por el que se concedió a la Administración General del
Estado la titularidad del panteón del cementerio de El Pardo donde será enterrado Franco y que
hasta ahora pertenecía a Patrimonio Nacional.
El consejo de administración de Patrimonio Nacional acordó pedir al Gobierno la desafectación de esta cripta el pasado mes de marzo, una vez que trascendiera los planes del Gobierno para exhumar al dictador del Valle de los Caídos y trasladarlos al cementerio madrileño de El Pardo. La Fundación Francisco Franco considera "una burla" y una "afrenta" al alto tribunal y al Estado de Derecho la aprobación de este Real Decreto por parte de un Consejo de Ministros "en funciones".
La familia de Francisco Franco se ha mostrado satisfecha con la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la exhumación de los restos del dictador, entendiendo que "pone en su sitio" al Gobierno. Según ha explicado Luis Felipe Utrera Molina, abogado de la familia, la decisión "pone en su sitio" al Gobierno y recalca el respeto al control judicial de la actuación administrativa. "El Gobierno se ha movido más por razones políticas y ha abandonado el rigor jurídico en su actuación", ha criticado en declaraciones a TVE.
"Mis clientes lo han recibido con satisfacción, con alivio y con confianza en la Justicia", ha añadido Utrera Molina. Aunque admite que esta decisión cautelar no prejuzga el fondo del asunto, ha insistido en que el Tribunal considera que los argumentos que maneja la familia "son dignos de tener en cuenta". A su juicio, con esta decisión se evita un perjuicio irreparable que el Ejecutivo socialista no consideró, al querer mover el cadáver de Franco "de un lado para otro, como si fuera un mueble más".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha decidido este martes por unanimidad suspender cautelarmente la exhumación de Franco, prevista para el próximo 10 de junio por decisión del Gobierno. El abogado ha explicado que aparte de la exhumación, el recurso también tiene que ver con la posterior inhumación del cadáver del dictador en una nueva localización, en caso de que se proceda a la exhumación. "El derecho de la familia a designar el lugar donde reposen los restos no puede ser violentado por el Gobierno", ha indicado.