Con la iniciativa, OPAGAC pretende lograr su objetivo de conseguir la certificación integral y sostenible del Marine Stewardship Council (MSC) en un plazo de cinco años, lo que significa que más del 20 por ciento del atún tropical que se captura en el mundo estará certificado.
El propósito de la flota atunera es lograr la certificación MSC de pesca para el banco libre, banco asociado (FAD) y otros bancos, ya que hasta la fecha, MSC ha certificado únicamente las capturas de flotas de cerco a banco libre u objetos anclados, ignorando el hecho de que esas mismas flotas realizan la mayor parte de sus capturas utilizando FAD.
Durante la presentación de la iniciativa conjunta con la ONG, el director gerente de OPAGAC, Julio Morón, ha destacado que poder comercializar toda la producción de atún tropical como producto FIP implica que la distribución puede ofrecer a los consumidores un producto elaborado con una materia prima que procede de una flota "responsable que trabaja activamente por su sostenibilidad".
Por su parte, el responsable del programa marino de WWF España, José Luis García Varas, ha advertido de que la presión sobre las pesquerías de túnidos tropicales es cada vez mayor, por lo que considera "urgente" emprender medidas que aseguren su sostenibilidad.
De este modo, ha valorado que con este Proyecto de mejora de la Pesquería, OPAGAC se compromete "firmemente" a conseguirlo. La iniciativa se basa en optimizar la gestión de las organizaciones regionales de pesca (ORP), la adopción de medidas concretas en el arte de cerco atunero que garanticen la sostenibilidad de los túnidos tropicales y el menor impacto de este arte de pesca en el ecosistema, y la mejora de la gobernabilidad desde los países costeros, incluyendo la lucha contra la pesca ilegal.
Hasta la fecha, la organización pesquera ha cubierto algunos aspectos del FIP, como el seguimiento integral de las actividades de pesca, la implantación de un código de buenas prácticas, la formación de tripulantes y los programas específicos dirigidos a reducir el impacto de su actividad en el ecosistema marino y, de manera específica, sus efectos sobre especies no objetivo.
Hasta la fecha, OPAGAC ha invertido unos 5 millones de euros en desarrollar estos programas que están verificados por AZTI, un centro tecnológico experto en innovación marina y alimentación perteneciente a la corporación Tecnalia.
Los programas incluyen instalar sistemas de seguimiento por satélite en el 100 por 100 de la flota y la inspección por observadores a bordo de 40 buques pesqueros cerqueros. Igualmente, se han realizado programas piloto de observación electrónica y "todos" los buques usan dispositivos de agregación de peces no enmallantes, que reducen de manera significativa las capturas de especies no objetivo.
Tanto OPAGAC como WWF ven como "problemas añadidos" la falta de capacidad de muchos países en vías de desarrollo para establecer mecanismos de control del cumplimiento a nivel nacional y, por otro, la falta de voluntad de muchos de los miembros de las ORP para penalizar los casos de no cumplimiento.
Para evitar este problema, la asociación atunera promoverá la creación de marcos regulatorios eficaces en las organizaciones regionales de pesca y colaborará con la Unión Europea, como con los miembros de las Organizaciones Regionales de Pesca.