Las entidades locales perdieron las competencias sobre este tema en 2013, con la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. En esa reforma realizada por el Ejecutivo del PP se modificó la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, un texto que, ahora, Unidos Podemos quiere volver a modificar para añadir entre las competencias locales de los ayuntamientos "la promoción de actividades dedicadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, así como la atención y prevención de violencias machistas".
Para la formación morada, la recuperación de estas competencias es, junto con la financiación económica, una de las medidas "más importantes" para cambiar las actuales políticas del Ejecutivo contra esta lacra social.
Para ello, presentan este texto que, según ha apuntado la portavoz de Igualdad de Unidos Podemos, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez, es "políticamente muy potente", planteando un "modelo socioeconómico alternativo" a las actuales intenciones del PP de "recentralizar todas las competencias, sobre todo las relacionadas con temas sociales".
"Pensamos que esta ley nos va a permitir ver quién no apoya una política efectiva contra las violencias machistas", ha apuntado la portavoz de Igualdad, para señalar que esperan el apoyo de los 'populares en el debate. "Si el Gobierno no veta el texto, como hace con las propuestas que implican mejorar la vida de la gente", ha apostillado la portavoz morada en el Congreso, Irene Montero.
DOS MESES "SIN HACER NADA"
La secretaria de la formación de Feminismos Interseccional y LGTBi, Sofía Fernández Castañón, ha defendido el texto morado señalando que "erradicar las violencias machistas cuanto antes" se puede lograr "devolviendo las competencias a los ayuntamientos" y que éstos controlen la "cadena de asistencia, de protección, prevención y de sensibilización".
"Pero no, como escuchaba a la portavoz del PP analuz, porque veas a los concejales por la calle tomando un café y les puedas contar sus problemas, sino porque son las administraciones locales quienes tienen una mayor posibilidad de diagnosticar y ver en cada territorio municipal cuáles son exactamente las violencias a las que se están enfrentando las mujeres y como pueden responder los servicios de atención directa", ha declarado ante los medios.
Esta ley sirve de empujón para el Ejecutivo, según han indicado las diputadas, después de que el Gobierno, según han denunciado, aún no haya puesto en marcha ninguna de las más de 200 medidas que se incluyen en el Pacto de Estado, entre ellas, esta.
"Tenemos claro que toda las medidas tienen que ejecutarse, pero en estos dos meses desde la aprobación del Pacto, el Gobierno no ha hecho nada", ha denunciado Castañón, para después precisar que el Ejecutivo podría haber iniciado algunas medidas aprobado reales decretos.
"Todo lo contrario, ha hecho una campaña de prevención en la que culpabiliza a la víctimas y hace responsables a las familias y amigos de su situación de violencia", ha criticado Rodríguez. La formación morada piensa que "los responsables de las violencias son los políticos que ejecutan políticas no favorables a las mujeres".