Tanto la responsable de UGT, Maribel Loranca, como el portavoz de STES, Voro Benvent, han coincidido en buena parte del diagnóstico del sistema educativo y han denunciado los "recortes" en inversión educativa de los últimos años del Gobierno 'popular', la "eliminación" de "miles" de puestos de trabajo, la aprobación y aplicación de la LOMCE, el "empeoramiento" de las condiciones laborales y retributivas del profesorado o el "deterioro" de la escuela pública.
"La situación social y política exige acuerdos y la educación debe ser una prioridad" ha indicado Loranca, que ha recordado además a los portavoces parlamentarios que tienen "en sus manos" lograr un acuerdo "de mínimos" que dé estabilidad al sistema educativo. Sin embargo, ha lamentado que desde el Gobierno se esté dando prioridad la plano político y no al social para negociar este acuerdo.
La responsable de Educación de UGT ha aprovechado para defender la huelga educativa y para advertir de que es el Gobierno el que está haciendo "un flaco favor" a la Comisión de Educación por presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso para impedir el inicio de los trámites para la paralización de la LOMCE, aprobado por el Pleno del Congreso. A su juicio, la paralización de la ley y la reversión de los recortes son condición previa para cualquier pacto.
PARTICIPACIÓN SOCIAL "IMPRESCINDIBLE"
Asimismo, ha defendido que la ausencia de negociación colectiva ha llevado a su organización a convocar el paro del jueves y ha indicado a los diputados que los sindicatos de enseñanza están esperando a que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, "tenga a bien" reunirles "para hablar de cuestiones estrictamente laborales".
Lo mismo ha indicado el portavoz e STES, Voro Benavent, que ha destacado que es "imprescindible" la participación social y la negociación con los representantes de los profesores para llegar a cualquier acuerdo en materia educativa. También ha subrayado que "el único pacto para salvar a la enseñanza pública es un pacto por la enseñanza pública".
ERC y UNIDOS PODEMOS APOYAN LA HUELGA
Tanto los diputados del PP como de Ciudadanos que han intervenido en esa sesión han coincidido en afirmar que si bien respetan a la huelga convocada por la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública el próximo jueves, no la comparten y han cuestionado su idoneidad, ya que coincide con el inicio de las conversaciones para el pacto educativo.
La portavoz de Cs en esta comisión, Marta Martín, ha indicado que no cree que sea "el mejor momento" para convocar el paro en el sistema educativo, "en medio de un intento de llegar a acuerdos" y les ha recordado a los dos representantes sindicales que esta Subcomisión para el pacto se puso en marcha con la intención de sustituir la LOMCE por otra ley de consenso.
En la misma línea, los diputados 'populares' han lamentado que "al diálogo se le responda con una huelga general" y que esta iniciativa "casa poco" con una posibilidad real de alcanzar un acuerdo, mientras que los diputados de ERC y Unidos Podemos, Joan Oloriz y Javier Sánchez, respectivamente, les han mostrado su respaldo. "Defendemos la huelga y los motivos por los que e ha convocado. Creemos que no habrá pacto con la LOMCE", ha subrayado Sánchez.
PROPUESTAS DE LOS SINDICATOS
Loranca ha propuesto a los grupos parlamentarios que para negociar el pacto tengan en cuenta que la educación es el "único modo" de corregir las desigualdades de origen y les ha pedido que el pacto dé estabilidad, así como la garantía de un "suelo mínimo" de inversión publica para garantizar los servicios.
Asimismo, ha reclamado una educación en valores laicos y cívicos y acabar con el "adoctrinamiento religioso" en las aulas y el estatuto docente que abarque desde la formación inicial, la carrera profesional y la jubilación, movilidad, jornada y vacaciones de este colectivo, que, a su juicio, "debe ser el motor del cambio educativo".
El portavoz de STES ha pedido también la reversión de los recortes, el aumento de la inversión en educación hasta llegar el 7% del PIB; que la futura ley contenga una memoria educativa; un único título de graduado en educación obligatoria; o eliminar la FP básica y dual.
Benavent ha defendido la reducción de los conciertos, quitándosela a los que separan a los alumnos por razón de sexo e impidiendo que se ceda suelo público para levantar centros concertados y ha criticado que se haga un "falso razonamiento" del artículo 27 de la Constitución para defender la existencia de una red como la concertada.