La advertencia tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase en un proceso de infracción, y si Bruselas no se da por satisfecha con la respuesta de las autoridades españolas en el plazo de dos meses podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).
Bruselas pide a las autoridades españolas "planes de gestión de residuos que abarquen todo su territorio, en consonancia con los objetivos de la normativa de la UE sobre residuos y con los principios de la economía circular".
Estos planes son un instrumento "clave" para reducir el impacto nocivo de la generación y gestión de los residuos sobre la salud humana y el medio ambiente y para mejorar la eficiencia de los recursos.
Los países de la UE deben reevaluar sus planes de gestión cada seis años, algo que España hizo en 2015, pero siguen pendientes los planes de gestión válidos de varias Comunidades Autónomas, que en España tienen las competencias principales en la materia.
La Comisión envió una carta de emplazamiento en noviembre de 2016 pidiendo a España que adoptara las disposiciones necesarias en esta materia, pero faltan por ser presentados aún los programas de Islas Baleares, las Islas Canarias, Madrid y de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Además, Aragón y Cataluña deberían revisar sus planes de gestión de residuos, ya que los adoptaron hace más de seis años.