El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dejado la puerta abierta a una posible modificación de los límites de velocidad en las carreteras. En una comparecencia en el Congreso, el titular no ha descartado que en un futuro próximo se pueda sobrepasar los límites actuales de 120 kilómetros por hora en autopistas y autovías. Además, el ministro ha anunciado que se desarrollará un programa de detección de conducción bajo los efectos de la droga análogo a los controles de detección de alcoholemia.
Durante su primera comparecencia en el cargo en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso, Fernández Díaz ha abierto la puerta a la subida de los límites de velocidad en autopistas y autovías.
El único pero que ha puesto el ministro a dicha medida ha sido el coste de contaminación que podría suponer. Así, ha asegurado que si el estudio ambiental es favorable podría adoptarse dicha iniciativa.
Controles de droga igual que de alcoholemia
Además, el ministro ha anunciado que desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se estructurará un programa de detección de conducción bajo los efectos de la droga análogo a los controles de detección de alcoholemia.
Así, Fernández Díaz ha insistido que el eje fundamental de la actuación de la DGT es la reducción del número de víctimas de tráfico. Además, ha calificado de "importante" reducir la antigüedad del parque móvil, así como el número de vehículos que circula por las carreteras.
Además, ha adelantado que el Ejecutivo prevé organizar a los aproximadamente mil empleados públicos dedicados a tareas administrativas y reconvertirlos, por ejemplo, en formadores de seguridad vial o colaboradores de seguridad vial, con el objetivo de racionalizar la gestión económica y presupuestaria de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Movilidad sostenible
Asimismo, considera "esencial" examinar la adecuada monitorización de las cifras de siniestralidad, de modo que éstas reflejen la realidad de los casos de mortalidad. Por ello, ha dicho que hay buscar una alternativa al llamado 'indicador rápido' o computo de víctimas tras 24 horas que refleje "la verdadera magnitud de la accidentalidad", que se obtendrá cuando se pueda manejar un sistema de recogida de datos integral en el que cooperen ayuntamientos y las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad y Justicia.
"Para que se hagan una idea, los datos globales sobre la siniestralidad del año 2010 no estuvieron disponibles hasta el último trimestre del 2011", ha advertido. A su juicio, el Gobierno debería ser capaz de ofrecer datos completos sobre fallecidos, heridos y personas con secuelas, tanto físicas como psíquicas, y hacerlo en un plazo de actuación más breve. "Objetivamente la cifra de muertos a 30 días debería estar lista a 30 de enero del año siguiente", ha apuntado.