Varios agentes de la Policía Municipal, acompañados por los vigilantes de seguridad de los juzgados de Plaza de Castilla, han escoltado a la religiosa María Gómez Valbuena tras negarse a declarar ante el juez de instrucción de Madrid, Adolfo Carretero, por la causa de bebés robados en hospitales españoles. La religiosa ha salido del juzgado perseguida por una nube de fotógrafos que buscaban su imagen y sin hacer declaraciones. Por la tarde, Sor María ha enviado una carta abierta a los medios en la que niega los hechos que se le atribuyen y asegura que le "repugna" el robo de niños y que toda su vida la ha dedicado a ayudar a los necesitados.
Sor María ha llegado a las instalaciones judiciales en torno a las 8.00 horas de este jueves y ha evitado el encuentro con los medios que esperaban su llegada.
En su declaración, la religiosa se ha acogido a su derecho de no declarar. Su presencia ante el juez ha durado apenas unos minutos, para abandonar después la sala de vistas escoltada por los agentes de Policía Municipal y por vigilantes de seguridad.
Esta tarde la monja ha enviado una carta abierta a los medios en la que asegura que "son completamente falsos los hechos" que se le atribuyen en la denuncia y que nunca ha tenido conociemiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica bajo amenazas y coacciones.
Sor María asegura que le "repugna" el robo de niños y que ha dedicado toda su vida a ayudar desinteresadamente a los demás.
Acusada por la desaparición de una niña en 1982
Sor María ha acudido al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid una semana después de que María Luisa Torres ratificará ante el magistrado la denuncia contra esta religiosa, que actualmente vive en un convento de la capital con las hermanas de la Caridad.
Esta religiosa trabajó en la maternidad de Santa Cristina de Madrid y se la vincula con el doctor Eduardo Vela, relacionado también a la trama que investiga en toda España los casos de bebés robados.
En concreto, la denuncia que investiga Carretero es el caso de una madre que dio a luz a su hija en marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina de Madrid. Sobre la mesa, el juez tiene pruebas de ADN que confirman la relación biológica materna entre la madre y la hija, algo fundamental que ha propiciado que siga adelante la investigación.
Por estos hechos, se imputa a la religiosa un delito de detención ilegal y falsedad documental. No obstante, este delito podría pasar a uno de sustracción de menores, ya que este tipo penal no tiene carácter permanente como sería el de detención ilegal, según han indicado las mismas fuentes.