Además, la iniciativa insta al Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas, a que se adopten las medidas necesarias para garantizar que las llamadas que efectúen a este número reciban la respuesta y atención adecuadas a las personas con discapacidad sensorial.
Los diputados han explicado que este servicio, gratuito y común en la Unión Europea, "no puede ser utilizado en igualdad de condiciones por las personas sordas, con discapacidad auditiva, sordociegos o personas con dificultades de expresión oral".
El servicio telefónico del 112 es gestionado por las distintas comunidades autónomas, para lo cual éstas solicitan con anterioridad a los usuarios con discapacidad auditiva que realicen un registro previo. Tras la realización del registro y su posterior comprobación, en caso de que una persona con discapacidad auditiva realice una llamada al 112, el sistema reconoce que la llamada proviene de un terminal perteneciente a un usuario con sordera y/o problemas de audición, y de este modo, la comunicación puede ser realizada, por norma general, por medio de mensajes escritos.
Sin embargo, el grupo socialista ha subrayado que el problema radica en que hay distintos modos de acceso en función de la comunidad de autónoma desde la que se realice la llamada.
En concreto, esta situación, según han explicado los diputados, genera varios problemas: en primer lugar, cuando los usuarios realizan una llamada fuera de su propia comunidad autónoma, el sistema no identifica al usuario y por tanto no se puede efectuar la comunicación entre quien emite la llamada y el operador del servicio de emergencias.
"Esta circunstancia no solo es discriminatoria para las personas con discapacidad auditiva u oral, sino que además resulta incomprensible, puesto que existen otros números de teléfono, como es el caso del 016, o del teléfono contra el acoso escolar, que utilizando un sistema de acceso común al mismo evitan que este hecho se produzca", ha apuntado la formación.
Por otro lado, el grupo ha indicado la necesidad de establecer varios cauces de comunicación para que los usuarios con dificultades para la comprensión y expresión oral o/y escrita, puedan acceder al sistema en igualdad de condiciones respecto del resto de los usuarios y que puedan acceder a todos los servicios utilizando el vehículo de comunicación más óptimo o adecuado a su discapacidad.