Concretamente, la iniciativa reclama al Gobierno que, en coordinación con las comunidades autónomas, en el marco del diálogo social y contando con el movimiento asociativo del sector de la discapacidad, se refuerce la vigilancia de la Inspección del Trabajo para que se cumplan las cuotas actuales, del 2 por ciento, y para que se endurezcan las condiciones para poder acogerse a medidas alternativas.
Para la diputada socialista Rocío de Frutos, es necesario establecer mecanismos que fomenten de forma real y efectiva el acceso de este colectivo al mercado de trabajo y que fomenten la sensibilización y el conocimiento de la Ley por parte de los empresarios.
MEDIDAS ORIENTADAS A CASOS DE BAJA EMPLEABILIDAD
La iniciativa, recogida por Europa Press, cuenta con diez puntos y, entre otras cosas, exige la recuperación de las líneas de ayuda en políticas activas dirigidas a la discapacidad, orientadas a favor de las mujeres con discapacidad y aquellos casos con más baja empleabilidad; el desarrollo reglamentario la Ley de Régimen Jurídico, para impedir a las empresas que no cumplan con las obligaciones establecidas en esta materia; o diseñar fórmulas de excelencia empresarial.
De Frutos ha recordado que, a pesar de que la Constitución y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recogen el derecho a trabajar de estas personas, "sus circunstancias como colectivo con especiales dificultades para acceder al empleo, hacen necesaria la adopción de una serie de mecanismos que faciliten su incorporación al mercado de trabajo y que aseguren, a través de la normativa española, la promoción de su contratación en el sector público y privado".