Nueve de los 12 procesados de la cúpula del procès serán condenados por sedición, es decir, por tumultos generados para no atacar las leyes, no necesariamente violentos, con condenas de hasta 15 años de prisión, que es lo que lo solicitó la abogacía del Estado.
Este proceso queda lejos de la rebelión, que es un alzamiento violento con intención de alterar la Constitución o declarar la independencia. El Supremo no considera probado que los acusados tuvieran voluntad de usar la violencia para conseguir sus fines. La rebelión hubiera acarreado penas mucho más duras, de hasta 25 años de cárcel, como exigió la Fiscalía y la acusación popular.
La defensa solo admitía, como mal menor, el delito desobediencia penado con multas y años de inhabilitación. Todavía queda por saber cuáles serán las penas concretas. A estos delitos se sumarán el de malversación y el desvío de fondos públicos para la celebración del 1-0.
La mayor condena será previsiblemente para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. La Fiscalía pedía para él 25 años de prisión por rebelión y malversación. Al final, quedará más cerca de la tesis de la abogacía del Estado que pidió 12 años por sedición y malversación.
Los ex consellers Santi Vila, Meritxell Borràs y Carlos Mundó serán los mejor parados, solo con condenados por desobediencia. A todos ellos les quedará el recurso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.