Ambas iniciativas fueron calificadas por la Mesa del Congreso hace un año, estaban programadas desde hace una semana para su debate y votación en comisión e incluso han llegado a debatirse el martes, y ha sido al final de la sesión, poco antes de las votaciones, cuando la portavoz de Igualdad de Ciudadanos y secretaria cuarta de la Mesa, Patricia Reyes, ha pedido la palabra para señalar que en la reunión del órgano de gobierno de la Cámara se había discutido por la mañana si ambas proposiciones desbordaban las competencias de la comisión.
"Tras hablarlo con los grupos, creo que pudiera ser conveniente que los servicios generales de la Cámara hicieran un informe para plantear si podemos aprobar este tipo de propuestas, en los términos en los que se han planteado las transaccionales, que puede ser que sí, y posponer las votaciones", ha declarado la diputada de Ciudadanos.
PODEMOS Y PSOE YA LA HABÍAN PACTADO CON COMPROMÍS
La iniciativa de Compromís llamaba a modificar la denominación del Congreso eliminando 'de los Diputados'. La defensora de esta propuesta, Marta Sorlí, ha señalado en su discurso que no es una novedad, ya que es así cómo se conoce al Senado o a los ayuntamientos que, como ha recordado, "no son de los senadores ni de los concejales".
La portavoz de Igualdad de la formación valenciana ha reconocido que esta modificación también supone una "economía lingüística", ya que Congreso "es más corto y más cómodo", mientras que la actual denominación es, en su opinión, "reiterativa y cargante".
El texto final incluye, además, enmiendas de Unidos Podemos y PSOE, por la que se llama a formar al personal funcionarial del Congreso, los servicios de traducción y jurídicos durante el primer trimestre de 2018, mientras que se da el resto del año como plazo para aplicar el uso de este lenguaje inclusivo y no discriminatorio en el trabajo parlamentario.
COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS
A pesar del apoyo de todos los grupos a este texto, desde PP y Ciudadanos ya advirtieron, durante el debate, de una posible invasión de competencias y de que debería ser otro órgano, como por ejemplo la Mesa, quien tomara las decisiones en esta materia.
La portavoz 'popular' en esta materia, María José García-Pelayo, también ha encontrado el texto presentado por la formación valenciana "confuso" porque, a su juicio, "parece una declaración institucional" y no una proposición no de ley ya que, en lugar de instar al Gobierno recoge un compromiso de la propia Comisión de Igualdad.
Su homóloga de Ciudadanos, Marta Martín, ha recordado que existe controversia a la hora de decidir cómo conseguir un lenguaje inclusivo, entre los que defienden el uso de usar el masculino y el femenino o aquellos que apuntan a que esta fórmula "hace que el lenguaje pierda el énfasis o incluso que las mujeres queden ridiculizadas". Por ello, ha abogado por que, si esta medida sale adelante, se recurra a filólogos y expertos lingüistas. "No debe ser un grupo parlamentario quien decida", ha apuntado.
PARIDAD EN LA CÁMARA
El retraso de las votaciones también ha afectado a una propuesta del PSOE por la que se insta a la propia Cámara Baja a cumplir con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la elección, tanto de los miembros de la Mesa como del resto de sus órganos, de forma que la representación de un género no sea nunca superior al 60 por ciento y, por tanto, el otro quede relegado a una cifra inferior al 40 por ciento.
En la iniciativa, los socialistas proponen que esta situación se contemple en "la próxima reforma del reglamento del Congreso. Además, le llama a desarrollar las fórmulas más idóneas para aplicar esta paridad en todas la mayor toma de decisiones posibles.