Los agentes del Área de Juego y Espectáculos Públicos de la Jefatura Provincial de Málaga de la Unidad Adscrita interceptaron el pasado 10 de mayo una furgoneta estacionada en doble fila frente a la sede de la OID en la capital, en la que había 14 cajas cargadas de cupones de lotería ilegal que iban a ser distribuidos también en Cádiz y Cáceres.
Ruiz Espejo ha recordado que el pasado mes de abril, la Policía andaluza, dentro de las actuaciones que viene desarrollando contra el juego ilegal, ya había intervenido en la sede de la OID en el municipio malagueño de Estepona otros 30.000 cupones, con un valor aproximado de 60.000 euros, de cuya distribución se encargaban 16 vendedores.
También en abril, ha recordado la Junta a través de un comunicado, la Unidad de Policía adscrita desplegó un amplio dispositivo contra la lotería ilegal que la OID distribuye en la provincia de Cádiz y llevó a cabo la que hasta entonces fue la mayor operación contra este tipo de juego fraudulento en Andalucía, con la intervención de cerca de 275.000 boletos.
El amplio dispositivo policial se desarrolló de forma simultánea en las sedes de la OID en las ciudades de Cádiz, Chiclana y Algeciras, donde los agentes culminaron unas investigaciones que se habían iniciado a principios de año y que culminaron con el requerimiento judicial para proceder a realizar registros.
INCREMENTO DE INTERVENCIONES
El delegado del Gobierno ha destacado que estas intervenciones revelan un notable incremento de las intervenciones contra el juego ilegal en la provincia de Málaga, ya que el balance de 2016 refleja que la Unidad de Policía Adscrita se incautó en todo el año pasado 178.165 boletos de loterías fraudulentas.
Asimismo, la Policía andaluza llevó a cabo un total de 342 inspecciones el pasado año en la provincia de Málaga para atajar las prácticas de juego ilegal en sus diferentes modalidades. Y como consecuencia de estas inspecciones se levantaron un total de 555 actas de denuncia.
Las loterías ilegales, además de carecer de autorización administrativa, no abonan las tasas fiscales correspondientes, lo que supone un fraude para la Hacienda Pública y una competencia desleal para las organizaciones debidamente regularizadas y que cumplen sus obligaciones tributarias.