El asunto consta en el orden del día para "toma de decisión", según han confirmado a Europa Press fuentes del regulador, lo que no quiere decir que este mismo miércoles se adopte una solución definitiva.
De acuerdo con estas fuentes, la "complejidad" de los puntos, los numerosos informes y la importante decisión hacen pensar que la decisión puede que no llegue este 1 de febrero sino que aún pueden faltar "semanas".
La renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña comenzó a ser informada el pasado miércoles, 25 de enero, en el pleno del CSN. Si bien, los consejeros tenían ya a su disposición para estudiar la documentación relativa al expediente de la central desde el pasado 20 de diciembre.
Se trata de 167 informes realizados por técnicos de 16 áreas del regulador en los que se han empleado 30.000 horas. También disponen de 20 actas de inspección y 23 actas de reunión que soportan las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo que corresponde a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa, que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, algo más de siete meses antes de que expirase su licencia, el 6 de julio de 2013.
De la decisión de los consejeros del CSN depende el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, la central más antigua de España, que comenzó a operar en 1971 y que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012 --meses antes del fin de su licencia-- casi 43 años después.
Si el informe del pleno del CSN es favorable, el documento será preceptivo para el Gobierno, de quien depende la última decisión sobre la reapertura de la central hasta que llegue a sus 60 años. Sin embargo, si el informe es negativo, su carácter será vinculante y, por tanto, el Gobierno deberá cerrar definitivamente la central.
Fuentes cercanas a la central han señalado a Europa Press que parece que las modificaciones que tendrá que acometer Nuclenor (Endesa e Iberdrola al 50%) pueden rondar, al menos, 150 millones de euros.
De ser favorable el informe y contar con una decisión positiva del Gobierno, Garoña se convertiría en la primera central española en obtener una licencia para operar hasta los 60 años de edad (2031) y la primera en que se aprueba una solicitud para más de 10 años.