Más de 90.000 firmas piden el indulto a una víctima de bebés robados por injurias a una monja

EUROPA PRESS 19/07/2017 13:30

Ascensión Rodríguez ha explicado que cuando supo por un familiar que había sido comprada, comenzó a investigar y, pasados muchos años, fue invitada a un programa de televisión a contar su historia.

Según apunta, cometió el error de hablar de la monja que aparecía en sus informes de adopción y que, después, la denunció.

"Hace un año fui juzgada y condenada por un delito de injurias a una monja que intervino en mi adopción, ella me denunció y me condenaron a 40.000 euros de indemnización, 3.000 de multa y las costas", ha explicado a los medios Rodríguez.

La mujer tendrá que ingresar en la cárcel cinco meses si no cumple esta sanción antes de este viernes.

Acompañada de las asociaciones de víctimas, Rodríguez, de 53 años, culmina ahora con esta entrega de firmas, una campaña para lograr su indulto. Una petición que el diputado de Unidos Podemos, David Carracedo, llevó al Congreso al preguntarle al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por este tema.

"Quiero darle las gracias al ministro, porque me consta que está estudiando el caso. Cuando David le preguntó en la sesión de control me abrió una puerta a la esperanza", ha asegurado la víctima.

UNIDAD POLICIAL Y FISCALÍA ESPECÍFICAS

Por su parte, el diputado 'morado' ha reconocido que están de acuerdo con Catalá en que el caso de Rodríguez tienen "un gran apoyo social" y en la injusticia de que la primera condenada en una caso de bebés robados sea una víctima.

"Pero estamos en desacuerdo en que las medidas tomadas en esta materia sean suficientes", ha declarado Carracedo, quien ha recordado que hay "casos que siguen abiertos, niños que siguen sin localizar y familias que continúan buscándose".

A su juicio, es necesaria una unidad policial y una fiscalía específica que trabaje en esta trama. "Se trata de un capítulo de la historia que empieza en el franquismo pero que se prolonga bien entrados los 90", ha recordado el diputado, que ha emplazado al Estado a "buscar soluciones para garantizar el derecho de identidad" de las personas y "evitar las desapariciones forzosas".