Así lo han explicado las portavoces de la formación morada en este órgano, Ángela Rodríguez y Sofía Fernández Castañón, que han asegurado que la medida ha sido bien acogida por el resto de partidos. Aún así, esta iniciativa tendrá que ser votada en el Pleno del Congreso, antes de que el informe en el que está incluida llegue al Gobierno.
"Nos parece muy importante la independencia económica de las mujeres", ha señalado Rodríguez, quien ha apuntado que la intención es que las víctimas no sólo dejen de serlo y tengan una ayuda económica, sino facilitar su inicio o regreso al mundo laboral.
En cuanto a la medida, "se ha planteado en torno a los contratos de programa de los ayuntamientos". "Nos parece que hay que hacer este esfuerzo de poder ofertar empleo público para que las víctimas puedan reinsertarse como herramienta para reconstruir sus vidas", ha insistido.
"NO SOMOS QUIENES VAN A BOICOTEAR EL PACTO"
Estas declaraciones de las diputadas moradas llegan después de que este jueves la subcomisión pidiera, por segunda vez, prorrogar el plazo de entrega de su informe, en este caso, hasta el 31 de julio. Ante esta situación, Rodríguez y Castañón han aclarado que no es su grupo quien "va a boicotear el Pacto" y han asegurado que, a partir de ahora revisarán "con lupa que se den todas las acondiciones necesarias para que sea posible" un acuerdo en esta materia.
En cuanto a posibles líneas rojas, Castañón asegura que están en la parte económicas. "La línea roja es que esto no sea un fraude", ha declarado en referencia a que no haya fondos suficientes para que las medidas aprobadas en el informe salgan adelante.