Aldeas Infantiles SOS, Save the Children y Asociación Infancia Libre han abogado este martes en el Congreso de los Diputados por un Pacto de Estado por la Infancia que, además, sea la clave para la elaboración de una ley contra cualquier forma de violencia infantil.
Las asociaciones han destacado esta medida como la de mayor calado ante la situación actual de los niños en España que, tras la crisis, han quedado "desprotegidos" y en "riesgo de exclusión" sin que el Gobierno ni la Justicia "haya hecho las actuaciones necesarias" para que la crisis económica no afectara a los que consideran el "colectivo más vulnerable" de la sociedad.
"Con un Pacto, evitaremos que los niños puedan verse de nuevo afectados en una futura crisis", ha apuntado la primera compareciente de la jornada, la responsable de Sensibilización de Aldeas Infantiles SOS, María Jesús Rodríguez Costa. Para ello, durante su discurso ante la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ha pedido que este órgano adquiera "ya" rango legislativo.
También la directora de Sensibilización y Políticas de la Infancia de Save the Children España, Ana Sastre, ha explicado la importancia de "erradicar toda violencia contra la infancia" porque, según ha señalado, actualmente el Estado "no puede proteger" a los niños. Pero, además, ha denunciado que los casos que se conocen actualmente de violencia contra la infancia "no son más que la punta del iceberg" porque "todavía hay mucha que no se ve".
En este sentido, ha indicado que hay mucha violencia "ejercida por el entorno mas cercano del niño" y, a su juicio, la dificultad para la identificación o visualización de estos maltratos o abusos dependerán "de lo amigable que sea el sistema de justicia" para el menor.
EQUIPOS PSICOSOCIALES NO ADSCRITOS AL JUZGADO
Sobre la violencia en el entorno familiar también se ha referido la presidenta de la Asociación Infancia Libre, María Sevilla, quien ha relatado tres casos de entre los más de 250 que su organización atiende. En sus relatos ha destacado la falta de especialización de los equipos psicosociales que atienden a los menores maltratados cuyos testimonios, en su mayoría, no son considerados y se obliga al menor a tener contacto con su agresor.
Para Sevilla, los profesionales que forman los equipos psicosociales "no están capacitados" pues son licenciados en psicología pero sin ninguna formación en infancia o en abusos sexuales. Además, reclama que estos grupos no estén adscritos a ningún juzgado, pues es normal que entre ellos mantengan relación personal diaria, incluido el juez, lo que, a su juicio, puede llevar a una falta de imparcialidad del mismo.
Además, de esta mejora, para la portavoz de Infancia Libre, la nueva ley debe incluir la violencia de género y no ser ambigua primando intereses. "Siempre que haya duda debe primar el interés superior del menor por encima del adulto", ha reclamado Sevilla. Sin embargo, ha indicado que, para que esta nueva norma no tenga fallos o, al menos, tenga los menos posibles, "es necesario tener datos de las denuncias que existen en los juzgados" que, actualmente "no existen".
FALTA DE DATOS Y ESTADÍSTICAS
Rodríguez Costa también ha denunciado esta situación, asegurando que "gran parte de las necesidades de la infancia están ocultas" debido a la ausencia de datos oficiales, estadísticas claras y estudios al respecto, lo que. En este sentido, ha indicado que es "muy difícil actuar de manera ágil y directa" ante los problemas de los menores sin conocer cuál es su situación real.
Una de las materias afectadas por esta falta de información es, para la representante de Aldeas Infantiles SOS, el fracaso en los casos de acogida. Según ha explicado, existen muchos fallos en el sistema, como "la falta de cultura de acogimiento en España", que "no se prepare a las familias para esta proceso" o la ausencia de colaboración entre familias biológicas y de acogida. Sin embargo, no se sabe de manera concreta si son algunos, o todos, los factores que influyen en este fracaso porque nunca se han estudiado.
En todo caso, ha pedido que se inicien campañas de información para concienciar a las familias españolas de la necesidad de acogida y ha pedido un protocolo homologado para este proceso que, según ha indicado, tiene desigual aplicación dependiendo de la comunidad autónoma.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Las tres comparecientes también ha coincidido en la desigualdad de oportunidades que existe en materia de educación entre los niños con más o menos facilidades económicas en su familia. Según datos del Gobierno, el 50 por ciento de los niños pobres no acaban la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Por ello, Sastre ha pedido a los políticos que trabajen para lograr "los principios básicos necesarios para garantizar equidad entre los menores" y ha propuesto "un aumento de plazas de 0 a 3 años", se ha mostrado en contra "de la segregación educativa" y ha señalado la necesidad de reformar "el sistema de becas" y dotarlo económicamente para compensar las desigualdades.
Desde Aldeas Infantiles SOS también han criticado que el actual sistema educativo no permite la igualdad de oportunidades a los menores en riesgo de exclusión que pasan "por etapas de dificultades por su situación familiar". En este sentido, Rodríguez Costa aboga por dotar a estos niños de apoyo similar al que reciben los discapacitados en la aulas para reforzar su aprendizaje. "En este sentido es muy importante la coordinación entre el Estado y las autonomías que cuentan con competencias en esta materia", ha concluido Sastre.