"Reiteramos que la feminización de la pobreza, los problemas económicos, la dificultad para hacer frente a las cargas familiares, la precariedad laboral y los recortes en prestaciones sociales han tenido un efecto negativo en la persecución de estos delitos", dice Jueces por la Democracia en un comunicado.
A estas dificultades, suma "la disminución de servicios de apoyo a las mujeres y menores víctimas de esta violencia, ya que después de salir de su ámbito deben recuperarse de importantes pérdidas personales: emocionales, psicológicas y físicas, por lo que con frecuencia se precisa un apoyo social especifico".
Además, recuerda que resulta necesaria la adecuación del marco normativo sobre esta violencia, incluyendo en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género las manifestaciones de la misma que indica el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia que sufren las mujeres.
"Por lo tanto, resulta imprescindible la dotación presupuestaria adecuada para llevar a cabo la aplicación tanto de la Ley Orgánica 1/2004, con la atención integral que recoge, como la del citado Convenio que también preceptúa una respuesta integral, sin la cual la tutela judicial y efectiva que debe proporcionar un proceso judicial deviene imposible", concluye la organización.