"Consideramos que el internamiento de tales personas debe desaparecer a corto plazo y, hasta que ello no se materialice, exigimos del Gobierno que realice una inversión económica adecuada que posibilite la vida digna en los CIEs, dando pleno cumplimiento a los derechos de que son titulares las personas internas", reclaman.
Para la asociación, los CIEs deben ser "una medida de último recurso, al igual que la sanción de expulsión es subsidiaria a la de multa" para las personas en situación de estancia irregular.
Según precisan, en estos centros perviven "deficiencias estructurales" caracterizadas por "el hacinamiento, la irregular asistencia sanitaria y jurídica, la falta de información a las personas internas sobre su situación administrativa, la nula existencia de políticas sociales o educativas". Si bien, defienden la "valiente y necesaria" actuación de los jueces encargados del control de los CIE durante los últimos años.
"Las innumerables quejas y denuncias interpuestas por la Defensora del Pueblo, diversas ONG y organizaciones juristas y sociales, así como las realizadas por las propias personas internas, ponen de manifiesto que los CIEs se caracterizan por ser espacios de vulnerabilidad humana en medio de la opacidad de las prácticas policiales", subrayan.
Además, JPD pide que se tenga en cuenta la situación integral de cada persona a la hora de solicitar su internamiento para "evitar situaciones de riesgo, como muchas que se han sucedido". Según recuerdan, en los CIEs son retenidas personas "que no han cometido delito alguno".