Hakamada Iwao, que ahora tiene 78 años, fue condenado, "tras un juicio injusto", por el asesinato de su jefe, la mujer de éste y sus hijos. Este jueves, el tribunal de distrito de Shizuoka ha aceptado su último recurso solicitando un nuevo juicio.
La acusación tiene ahora cuatro días para decidir si apela la sentencia. "Sería de lo más cruel e injusto que los fiscales apelaran la decisión del tribunal", ha opinado la directora de investigación para Asia Oriental de Amnistía Internacional, Roseann Rife. "Se agota el tiempo para que Hakamada reciba el juicio justo que le fue denegado hace cuatro décadas", ha subrayado.
"Si existe un juicio que merezca ser repetido es este (ya que) Hakamada fue condenado sobre la base de una confesión forzada y sigue habiendo preguntas sin resolver sobre recientes pruebas de ADN", ha precisado la investigadora.
Según Amnistía, Hakamada confesó tras 20 días de interrogatorio por parte de la Policía, si bien durante el juicio se retractó de su confesión y dijo al tribunal que los agentes le habían golpeado y amenazado.
Las muestras de ADN no coinciden con las del condenado
De acuerdo con sus abogados, recientes análisis forenses demuestran que las muestras de ADN tomadas de la ropa que presuntamente vestía el asesino, según la acusación, no coinciden con Hakamada. Además, uno de los tres jueces que condenaron al hombre ha afirmado públicamente que cree que es inocente.
"Las autoridades japonesas deberían avergonzarse del trato bárbaro que ha recibido Hakamada. Durante más de 45 años ha vivido bajo el constante miedo de la ejecución, sin saber si de un día para otro iba a ser ejecutado", ha lamentado Rife. "Esto añade la tortura psicológica a un castigo ya de por sí cruel e inhumano", ha opinado.
Según Amnistía, Hakamada ha pasado buena parte de estos años en el corredor de la muerte en confinamiento en solitario y su salud mental se ha deteriorado.
La organización internacional ha pedido nuevamente al Gobierno japonés que introduzca una moratoria en las ejecuciones como primer paso hacia la abolición de la pena de muerte.
Según Amnistía, el sistema judicial nipón sigue dependiendo mucho de confesiones obtenidas mediante torturas u otros malos tratos, tras documentar el uso rutinario de golpes, intimidaciones, privación de sueño y obligar a los presos a mantener una determinada postura durante largos periodos durante los interrogatorios.