La investigación comenzó cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil fue alertado de que se vendía por Internet un cocodrilo disecado, una práctica que puede ser constitutiva de ilícito penal y acarrear multas elevadas de hasta tres veces el valor del animal e incluso prisión.
Una vez localizado el anunciante, el Instituto Armado concertó una entrevista con él y le requirieron la documentación de su legítima procedencia o el justificante de origen de la especie, que no pudo acreditar, por lo que el cuerpo dio cuenta a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Tarragona por una presunta infracción de la Ley de represión del contrabando.