El texto del llamamiento urge a "abordar cambios concretos en el Sistema de Naciones Unidas" así como un "claro compromiso por parte de los Gobiernos y los actores clave" tanto en el sector público como en el privado para asegurar la protección de las personas migrantes y refugiadas.
"Consideramos la Cumbre de Jefes de Estado del 19 de septiembre como una oportunidad histórica para fortalecer la respuesta a las migraciones internacionales creando un sistema capaz de proteger los derechos y responder a las necesidades de los grandes movimientos de refugiados y migrantes", señala.
Las entidades de la iglesia reclaman así "la máxima prioridad para satisfacer las necesidades de protección, particularmente de mujeres y niños". "Esto significa, en respuesta a las necesidades de las personas migrantes y refugiadas, garantizar sus Derechos Humanos así como el pleno respeto del derecho internacional sobre personas refugiadas", exponen.
"El desafío que plantea la crisis de solidaridad en respuesta a los movimientos de la migración es masivo y la comunidad internacional se está esforzando para encontrar una respuesta a largo plazo, pero este reto supone una oportunidad única para revisar el sistema y elaborar un plan para mejorar la respuesta internacional", apunta el secretario general de Cáritas Internationalis, Michel Roy.
Para las organizaciones que suscriben el llamamiento, "todos los Estados miembros de Naciones Unidas deben adoptar compromisos claros para proteger y garantizar esos derechos y que esos compromisos se traduzcan rápidamente en políticas que corrijan las existentes y que son incapaces de proteger a las personas".
"Que la migración sea una opción y no una necesidad debe asegurarse mediante políticas migratorias responsables dentro del marco acordado previamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", reclaman.
Además, inciden en que "los Estados deben dar cobertura tanto a las necesidades básicas de las personas migrantes y refugiadas que viven fuera de los campamentos como a sus necesidades a largo plazo apoyando procesos de formación y empleo para acceder a medios de vida sostenibles", así como deben luchar de forma prioritaria contra la trata de seres humanos.
"Denunciamos públicamente nuestro rechazo a las expulsiones y devoluciones forzosas de personas, así como la reformulación o reinterpretación del derecho humanitario internacional sobre refugiados para evitar que las personas soliciten refugio o para facilitar que sean retornadas. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a compartir la responsabilidad de proporcionar protección a las personas que huyen de sus hogares evitando que algunos países carguen sobre sus hombros todo este peso por su propia cuenta", dice el llamamiento.
En cuanto al sistema de la ONU, instan a revisar las estructuras actuales "evaluar las ventajas comparativas de todos los actores, y definir más claramente su papel de coordinación y el de la sociedad civil como actores de desarrollo", así como piden transparencia en las prácticas de financiación y exigen a los Estados que no incluyan en las partidas de ayuda humanitaria la asistencia de los refugiados ni condicionen la cooperación al control de flujos migratorios.