La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado el "acoso laboral y la persecución" que sufre Luisa María Flores, una guardia civil destinada en la localidad gaditana de Chipiona (Cádiz). La agente “lleva un año de baja laboral y amenazada con la incapacidad permanente tras haberse negado a reducir la vigilancia a una mujer maltratada, tal y como pretendían sus superiores ante la falta de personal”, según ha asegurado la asociación.
La AUGC ha añadido que se trata de “un flagrante intento de quitar de en medio” a esta trabajadora, ya que consideran que “resulta molesta al cuestionar la arbitrariedad de órdenes dictadas por razones ajenas al compromiso con la seguridad pública que se ha de prestar a los ciudadanos”.
La asociación sindical ha denunciado “el agravante” de que “lo que se le pedía era rebajar el grado de protección a una víctima de violencia de género en riesgo extremo”. Debido a la negativa de la agente, le impusieron una “baja por estrés” y fue apartada de su trabajo, situación en la que ya lleva un año. Además, la guardia civil denunció acoso por parte de la misma persona que amenaza a la víctima de violencia de género, pero esta denuncia fue archivada.
Tras este “calvario”, la asociación informó de que la agente se ha sometido por su cuenta “a un completo chequeo para el informe pericial forense, psiquiátrico y psicológico, en el que se acredita que se encuentra en plenas facultades psicofísicas para realizar su trabajo como guardia civil”.
“Sin embargo, y pese a esta evidencia, esta guardia civil se enfrenta además a un expediente por falta grave y a la amenaza velada de verse apartada definitivamente del servicio activo al aplicársele la incapacidad definitiva, es decir, una amenaza de expulsión en toda regla a una trabajadora con un currículo intachable hasta la fecha”, han añadido.
Por ello, desde AUGC han querido expresar su indignación “porque este tipo de actuaciones sigan vigentes en un cuerpo policial que debería dar ejemplo de rigor y respeto, pero que lejos de ello aplica sistemáticamente este tipo de represalias entre sus trabajadores, algo agravado en este caso por tratarse de una clara situación de acoso laboral a una agente que solo pretendía cumplir con un trabajo de protección establecido por el propio protocolo policial hacia una víctima de violencia de género”.