La iniciativa de Unidos Podemos obtuvo el apoyo para su tramitación del pleno del Congreso el pasado mes de octubre, con la abstención del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.
La portavoz de Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón, defendió la reforma alegando que la actual regulación "está obsoleta, es disfuncional y no responde a las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía". Además, denunció que la situación actual aumenta "la brecha salarial de género, la precariedad y la pobreza femenina e infantil, así como un mercado de trabajo segregado por sexos vertical y horizontalmente, y por tanto ineficiente".
El texto también incluía que los permisos de ambos progenitores sean "intransferibles en su totalidad, con una prestación al 100 por cien de base reguladora y con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad.
COSTE DE 1.700 MILLONES DE EUROS
Durante el debate en pleno, el PP cifró el coste de la medida en 1.700 millones de euros frente a los 200 que se dedicaban justamente antes de ampliar el permiso de paternidad a un mes, cuando los padres todavía disfrutaban de 15 días. Desde el 1 de enero de 2017, los padres disfrutan de un permiso de un mes.
Por su parte, Plataforma Por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) ha criticado que el Ejecutivo, en el "mismísimo" Día de las Mujeres --que se celebra este miércoles 8 de marzo--, ha vetado la tramitación de esta iniciativa.
"El Gobierno ha dado así al traste, de un plumazo, con las esperanzas de millones de mujeres y hombres que confiaban en ver aprobada este año una ley que reduciría directamente la discriminación de las mujeres tanto en el terreno laboral como en la esfera familiar y personal, y que posibilitaría la verdadera corresponsabilidad de los hombres en el ámbito del cuidado", aseguran.
Asimismo, tildan de "grave injusticia" e "hipocresía" la decisión de quienes "hacen una y otra vez declaraciones pomposas a favor de la igualdad de mujeres y hombres pero después, a la hora de aprobar medidas concretas, muestran su verdadera cara" y su "falta de compromiso escondiéndose tras tecnicismos y excusas de tipo económico".
Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que muestren su "indignación" ante esta decisión que condena a seguir con "leyes ancestrales".