En concreto, el real decreto modifica la norma que hasta ahora regulaba estos criterios, de manera que se completa la protección de la población frente a los radionucleidos naturales, como el radón.
La nueva normativa establece los valores paramétricos que se deben cumplir en el punto de suministros, los requisitos de control y las medidas a adoptar cuando se superan esos parámetros. Estas medidas pueden ir desde la corrección de la situación, hasta la obligación de informar a la población destinataria del suministro.