En una declaración institucional, el Gobierno afirma que es "consciente" de que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (en adelante LGBTI) "sufren aun hoy una fuerte estigmatización por motivos de orientación sexual e identidad de género" y, por ello, manifiesta su "absoluto compromiso" contra cualquier forma de discriminación, odio o violencia por dichas causas.
Recuerda que la Constitución española declara en su artículo 10 que "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social" y que el artículo 14 establece el principio de igualdad y no discriminación.
También apunta que el artículo 9.2 señala que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social".
Asimismo, afirma que en el ámbito internacional, España defiende la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos y condena, en todos los foros en los que participa, las violaciones de los derechos de las personas lgtbi y participa en el Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos frente a países en los que se detectan violaciones a los derechos humanos de este colectivo.
A nivel nacional, apunta que está elaborando una Estrategia Estatal de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, cuyo objetivo es el reconocimiento y equiparación de facto de los derechos de las personas LGTBI, y la visibilización de la diversidad por identidad de género u orientación sexual, en línea con los instrumentos existentes en otros países europeos.